México, 9 de septiembre de 2022.- El oficialismo impuso su mayoría en el Senado y aprobó sin cambios con 71 votos en pro, 51 en contra y 1 abstención del senador Ricardo Monreal, la reforma que traslada el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional (GN) al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
🔴 Sesión vespertina de la Cámara de Senadores, del 8 de septiembre de 2022. https://t.co/WeFRqhC5b8
— Senado de México (@senadomexicano) September 8, 2022
Así, Morena y sus aliados avalaron las diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Estos cambios otorgan a la Secretaría de la Defensa Nacional la facultad de “ejercer el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
Conceden al secretario de la Defensa el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública y cuando el presidente de la República disponga su intervención en auxilio de la fuerza armada permanente.
El personal militar puede efectuar “operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública” y homologar al personal de la Guardia Nacional su tiempo de servicio en esta corporación como tiempo de servicio en el Ejército y unidades de vuelo.
La mayoría legislativa desechó una moción suspensiva del PAN para frenar el debate, seis votos particulares presentados por los senadores Miguel Ángel Mancera, del PRD; Claudia Ruiz Massieu, del PRI; Noé Castañón y Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano; Manuel Añorve, del PRI y Germán Martínez, del Grupo Plural y 200 reservas al dictamen.
Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Corte y ex secretaria de Gobernación, rechazó que se esté estableciendo un mando militar a la Guardia Nacional dado que el presidente de la República es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y pidió confiar en el papel institucional de este cuerpo de seguridad.
“Una eventual aprobación de este dictamen ante el pleno del Senado de la República, en ningún momento puede ser entendida como un ‘cheque en blanco’, insisto no es un ‘cheque en blanco’ para la Guardia Nacional. (…) Daremos un puntual seguimiento a su desempeño, significando que tienen que capacitarse en materia de prevención del delito. (…) La Guardia Nacional no sólo debe dar rondines, sino que debe cumplir con sus obligaciones constitucionales de prevenir, de investigar y de perseguir el delito”.
El bloque de contención se pronunció en contra de la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar al país y anunció la interposición de una acción de inconstitucionalidad para impugnar esta reforma.
Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, afirmó que aprobar este dictamen es un fraude a la Constitución y un error, porque cancela la posibilidad de contar con un cuerpo civil, de alcance nacional, que sea fuerte y confiable.
Aseveró que estas reformas avalan la muy preocupante actitud de siempre “colocar la voluntad partidista por encima de la ley y la Constitución”.
“Este dictamen no nos va a llevar a mejores resultados en la estrategia de seguridad, porque no hay un uniforme mágico, que pueda crear policías profesionales simplemente por cambiarle de ropa a quienes portan un uniforme militar. (…) Desplegar militares indiscriminadamente para realizar tareas para las cuales no han sido formados, no es mejor que desplegar cuerpos policíacos debilitados. (…) Para que los agentes e integrantes de la Guardia sean civiles, como marca la Constitución, sus jefes deben ser civiles y el dictamen les impone jefes militares. Sostener lo contrario, que la Guardia puede ser civil y militar al mismo tiempo es una falacia”.
La senadora del PAN, Lilly Téllez, alteró a la bancada de Morena, cuando arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que acusó de falso profeta pues ofreció paz y entregó muerte.
Afirmó que la inseguridad ya no es culpa del pasado, como balbucean torpemente “ustedes y el señor de las mentiras, es culpa de la colusión de este gobierno con el crimen organizado”.
Llamó a los senadores de Morena súbditos del “pejelagarto” y “grupito de agachados y cómplices del pacto con el crimen organizado”.
“Por su divino capricho va a militarizar a México. Hoy palidecen las memorias de Luis XIV y sus hazañas de grandeza de despotismo ante el mesías tropical ni más ni menos, ante ese que come sus garnachas sobre la Constitución, batea las leyes y pisotea el Estado de derecho. (…) En su avaricia por el poder entregaron territorio mexicano al crimen organizado. Pactaron descaradamente con el objetivo de ostentar un cargo público. Todos saben en México quién manda: el crimen organizado, organizado con Morena evidentemente, en un acuerdo en el que la mafia manda y Morena obedece”.
Enseguida, el senador de Morena, Héctor Vasconcelos, lanzó la amenaza de demandar penalmente a la panista por difamación y calumnias al presidente de la República.
“Miren ustedes hace unos minutos una senadora cometió calumnias, difamaciones. De modo que yo voy a proponer a todos los senadores y senadoras que quieran sumarse a una demanda penal por calumnias, difamaciones y daño moral al presidente de la República y por tanto a México”.
Téllez reviró a Héctor Vasconcelos: “Senador ya sé que usted no es muy machito, pero su puso muy gallito y ni siquiera tuvo el coraje de pronunciar mi nombre y me amenaza con que me va a demandar, entérese, infórmese de mi derecho de decir aquí las cosas”.
Recordó a los morenistas que “aquí se viene a defender a la Patria, no a su amo. Tengan dignidad”.
La morenista Lucy Meza se lanzó contra la panista, a la que llamó vulgar usurpadora.
“Solamente, para decir nuevamente, que usted es una vulgar usurpadora, porque es una traidora y usted ocupa un lugar que es de Morena, que es de nosotros, que se lo dio la representación de nuestras siglas y por aquí participó. Y usted debería de renunciar por dignidad, porque es una ingrata, es una traidora, una usurpadora, vulgar porque eso es lo que es usted”.
Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, aseguró que el mandato de la Constitución de que la Guardia Civil tenga un carácter civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, no se puede cambiar por ninguna ley secundaria y en este sentido no se puede modificar la adscripción sin afectar la disposición constitucional.
Recordó que en 2017 la extinta Policía Federal tuvo un 75 por ciento de aprobación ciudadana según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y sostuvo que no es justo “meter en un solo cajón a todos los elementos de esa corporación”.
“Reiterando nuestro absoluto respeto y reconocimiento a las Fuerzas Armadas, son a las primeras que debiéramos proteger con el andamiaje jurídico, porque si no estas leyes van a caer como fichas de dominó cuando se haga la prueba constitucional de las mismas y toda la actuación que en ella se haya soportado de las Fuerzas Armadas, se puede ver afectada también y ver afectados a los elementos que la integran”.
El senador Germán Martínez, del Grupo Plural, recordó que existen diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que garantizan el carácter civil de las fuerzas policiales.
“También hay hijos de la chingada, que lo vean, que lo lean en la Decena Trágica, cuando mataron a Madero fueron generales, fueron militares, no todo el poder a los militares, no todo el poder a los empresarios ni todo el poder a los eclesiásticos, eso quería Benito Juárez. (…) La iniciativa que yo leí, dice que la delincuencia es cuasi militar y pues la solución no puede ser cuasi fascista, lo fascista en donde hay la idea de un jefe carismático. (…) Es el tradicionalismo contra la modernidad”.
En el régimen transitorio se establece que la Secretaría de Seguridad transferirá a la Defensa Nacional en un plazo de 60 días naturales los recursos presupuestarios y financieros para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación.
De acuerdo con la iniciativa, el secretario de la Defensa Nacional tendrá entre sus facultades: ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, la de expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional; elaborar sus programas operativos y estrategias; organizar su distribución territorial y proponer adecuaciones a su estructura orgánica.
Sin el mando operativo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad conservará las atribuciones de formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la propuesta de Programa Nacional de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar a la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Propondrá la política criminal y asegurará la coordinación entre los gobiernos federal, de la Ciudad de México, de los estados y de los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Guardia Nacional podrá prestar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten.
El decreto se envió al titular del Poder Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.