México, 3 de marzo.- La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe un proceso de militarización en el país y sostuvo que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública responde a un marco constitucional vigente.
En respuesta a cuestionamientos sobre las condiciones necesarias para reducir la presencia del Ejército en la vida nacional, la mandataria afirmó que el actual esquema no es comparable con el implementado durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando —dijo— se desplegó a las Fuerzas Armadas en la llamada “guerra contra el narcotráfico” sin el respaldo jurídico que hoy existe.
“Es legal, eso es lo primero. No estamos haciendo nada fuera de la ley”, subrayó.
Sheinbaum rechazó que el modelo actual implique que los militares sustituyan a autoridades civiles en la toma de decisiones.
Afirmó que el mando de las instituciones de seguridad corresponde al poder civil y que, en su calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, las decisiones recaen en la Presidencia de la República.
Explicó que la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional fue una decisión constitucional, por lo que revertirla requeriría una reforma a la Carta Magna. En ese sentido, destacó que el diseño institucional actual busca consolidar una corporación con formación orientada a la seguridad pública, distinta del entrenamiento del Ejército, enfocado principalmente en la seguridad nacional.
La presidenta sostuvo que la adscripción de la Guardia Nacional a la Defensa le otorga estabilidad, acceso a infraestructura médica, carrera profesional y procesos de ascenso mediante evaluaciones, elementos que —dijo— fortalecen la institución en el largo plazo.
También defendió que el Ejército Mexicano tiene una naturaleza histórica distinta a la de otros países, al provenir de un proceso revolucionario y no de élites tradicionales, lo que, afirmó, forma parte de su identidad institucional.
Sheinbaum insistió en que la narrativa de militarización no corresponde con la realidad jurídica del país, ya que las reformas que permitieron la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública fueron aprobadas constitucionalmente.
El planteamiento del gobierno, sostuvo, es que el actual modelo está sustentado en la ley y en decisiones del Congreso, no en una expansión irregular del poder militar.