México, 24 de septiembre.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales con el objetivo de poner fin a la transmisión de concesiones de agua entre particulares y fortalecer la rectoría del Estado en la administración de este recurso.
Durante su mensaje, la mandataria recordó que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, “en pleno periodo neoliberal”, se modificó la legislación para permitir que los derechos del agua pudieran transferirse de un privado a otro, lo que ha derivado en abusos y en la mercantilización de un bien que consideró estratégico y escaso en gran parte del país.
Explicó que actualmente existen casos en los que una persona con concesión de agua para riego no paga nada a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ni al Estado mexicano, deja de usarla durante un tiempo y después la vende a otro particular.
Incluso, detalló, hay situaciones en las que los títulos de concesión se transmiten únicamente notificando a la autoridad, sin mayor regulación.
“La propuesta en la ley, ya no usas tu concesión, se la tienes que regresar necesariamente al Estado y el Estado es quien puede concesionar nuevamente esa agua. Ya no hay transmisión entre particulares. Entonces, es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país, y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares”, subrayó.
La presidenta señaló que la propuesta tiene dos ejes centrales:
1. Revertir la venta de concesiones entre particulares, para que el Estado sea el único facultado en reasignar derechos de agua.
2. Aplicar sanciones más severas a quienes roben agua, no reporten correctamente el uso de sus concesiones o las empleen en actividades distintas a las autorizadas.
Sheinbaum adelantó que el próximo lunes se entregarán dos iniciativas: una Ley General en la materia y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que incluirá estos cambios.
“Se trata de dejar de ver al agua como una mercancía y reconocerla como un recurso vital que debe ser regulado estrictamente por el Estado”, concluyó.
