La presidenta Claudia Sheinbaum anunció los primeros resultados de la nueva Ley de Aguas, al asegurar que su eje central ha sido terminar con los “privilegios” en la transmisión de derechos del recurso hídrico, lo que ha permitido redistribuir el acceso en favor de pequeños productores y gobiernos municipales.
Durante su conferencia, en el contexto del Día Mundial del Agua, la mandataria subrayó que la reforma responde a un principio histórico de igualdad ante la ley, evocando el legado de Benito Juárez, cuya lucha estuvo orientada precisamente a eliminar beneficios indebidos para unos cuantos.
“La nueva Ley de Aguas, tuvo entre otras razones, quizás su principal, es acabar con los privilegios a la hora de cerrar la transmisión de derechos del agua. (…) Y cómo se ha acabado con los privilegios en (ese sentido, y se ha permitido que pequeños productores recuperen sus derechos de agua”, afirmó.
El punto central del anuncio es el combate a un esquema que permitía la comercialización de derechos de agua entre particulares, incluso cuando estos no utilizaban el recurso productivamente.
Sheinbaum explicó que, bajo el marco anterior, distritos de riego —creados para la producción agrícola— vendían agua a municipios sin utilizarla en el campo, generando ganancias privadas a partir de un bien público.
El caso más representativo se ubica en Baja California, donde un distrito de riego que prácticamente ya no sembraba obtenía alrededor de 200 millones de pesos anuales por vender agua a ciudades como Tijuana y Mexicali.
“Recibían agua gratuita para sembrar, pero en realidad la comercializaban. Eso ya no se permite”, sentenció.
Como resultado de la nueva legislación, el gobierno federal realizó, por primera vez, la entrega directa de derechos de explotación de agua a municipios de Baja California, entre ellos:
• Mexicali
• Tijuana
Tecate
Ensenada
Con este cambio, los gobiernos locales ya no tendrán que comprar el agua a intermediarios, sino que recibirán directamente los derechos a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pagando únicamente los derechos correspondientes al Estado.
De acuerdo con la presidenta, la reforma ha tenido dos efectos principales:
1. Recuperación de derechos para pequeños productores, quienes habían sido desplazados por esquemas de concentración.
2. Eliminación de intermediarios, lo que reduce costos para municipios y frena la especulación con el agua.
Además, adelantó que se exhibirán casos de empresas —incluidas refresqueras— que utilizaban mecanismos legales para evitar pagar por el uso del agua, así como ejemplos de actores políticos que defendieron el modelo anterior pese a beneficiarse de él.
La mandataria insistió en que la nueva ley corrige distorsiones estructurales y fortalece el carácter público del agua como recurso estratégico nacional.
El equipo encabezado por Efraín Morales, titular de Conagua, detalló los hallazgos sobre irregularidades en la transmisión de derechos y los alcances completos de la reforma, en una estrategia que apunta a transparentar el uso del agua en el país.
