México, 17 de febrero.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista motivo alguno para que la fiscalía investigue al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y colocó el debate en otro terreno: el de la impunidad que, sostuvo, marcó al sexenio de Felipe Calderón con la permanencia de Genaro García Luna al frente de la seguridad pública, pese a sus vínculos con el narcotráfico.
Cuestionada sobre si sería deseable que la Fiscalía abra una investigación contra Scherer por su desempeño en el gobierno anterior, la mandataria fue tajante: “No, no veo ninguna necesidad”, y acusó que ese tipo de señalamientos buscan desviar la atención del caso que sí representa una prueba documentada de colusión entre el Estado y el crimen organizado.
En ese contexto, cuestionó por qué no se insiste en investigar el papel de Genaro García Luna, quien durante seis años fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y hoy enfrenta condenas en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
“El único ejemplo claro de un gobierno con impunidad es ese: seis años con García Luna como secretario de Seguridad, vinculado con el narcotráfico”, afirmó.
El gobierno subrayó que, incluso en el ámbito internacional, el caso García Luna es la única prueba concreta que se ha presentado cuando se acusa a México de tener vínculos con el crimen organizado.
Recordó que, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la Casa Blanca señaló esa relación y la única evidencia mostrada fue precisamente el exfuncionario calderonista.
Frente a ello, insistió en que no habrá protección para nadie, pero tampoco investigaciones basadas en libros, dichos o especulaciones mediáticas.
“Si la fiscalía o el Gabinete de Seguridad encuentra relación de algún funcionario público con la delincuencia organizada o con corrupción, se actúa”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó que en el último año se ha procedido contra presidentes municipales, tanto en Jalisco como en el Estado de México, cuando se encontraron elementos suficientes, reiterando que la línea es clara: pruebas primero, acción después.
El mensaje central fue que la política del actual gobierno es de “cero impunidad”, pero también de responsabilidad institucional. “Si hay pruebas, que se presenten y que se actúe. Nosotros no protegemos a nadie ni establecemos relaciones de contubernio”, señaló.
Finalmente, el Ejecutivo remarcó que su legitimidad proviene del mandato popular y que su actuación está guiada por la honestidad y la responsabilidad pública, por lo que rechazó cualquier intento de equiparar casos probados de corrupción y narcotráfico con señalamientos sin sustento legal.
