México, 18 de marzo.- La presidenta Claudia Sheinbaum presumió un viraje del modelo de seguridad: menos delitos de alto impacto y una Guardia Nacional ya consolidada bajo mando militar
En su Primer Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, correspondiente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2025, el gobierno federal sostiene que la principal apuesta en materia de seguridad ya no descansa sólo en el despliegue de fuerza, sino en un nuevo esquema basado en inteligencia, coordinación interinstitucional y atención a las causas de la violencia.
El documento plantea que ahí radica el cambio de fondo del sexenio y presenta como prueba una reducción en los delitos de alto impacto, particularmente en homicidio doloso y feminicidio.
El informe entregado al Senado señala que el promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional disminuyó 26 por ciento en diciembre de 2025 respecto de octubre de 2024, mientras que la tasa por cada 100 mil habitantes cayó 16.41 por ciento frente a diciembre de 2024.
Además, el propio documento destaca una reducción de 40 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en diciembre de 2025 respecto a septiembre de 2024.
Esos datos son usados por el gobierno como la principal evidencia de que la estrategia “funciona” y de que la pacificación del país avanza por una ruta distinta a la del pasado reciente.
Pero el informe no se limita a presumir cifras de incidencia.
En realidad, el texto pone el acento en la reconfiguración institucional y legal de la seguridad pública.
Desde sus primeros capítulos sostiene que el Estado mexicano emprendió una reforma integral para fortalecer las capacidades de investigación, regular con mayor precisión las facultades de inteligencia y modernizar los sistemas tecnológicos y de información.
En ese rediseño, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana gana un papel rector en investigación e inteligencia, mientras que la Guardia Nacional queda consolidada como una fuerza de seguridad pública adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ahí aparece otro dato políticamente relevante: la Guardia Nacional reporta un crecimiento de 54.6 por ciento en su estado de fuerza respecto a 2019 y alcanza 121 mil 247 elementos desplegados en las 32 entidades federativas.
El documento subraya además que este cuerpo ya opera con 121 sistemas informáticos y que sus productos de inteligencia contribuyeron a detener a mil 423 personas relacionadas con delitos del orden federal.
Con ello, el gobierno intenta demostrar que la corporación no sólo creció en tamaño, sino que evolucionó hacia funciones de investigación y generación de inteligencia.
El tercer componente del relato oficial es el fortalecimiento del aparato de inteligencia.
El informe reporta la detención de 23 mil 924 personas generadoras de violencia, la destrucción de mil 259 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para metanfetaminas, así como aseguramientos y decomisos relevantes apoyados en inteligencia estratégica.
También menciona el bloqueo de 7 mil 337 cuentas bancarias vinculadas con recursos de procedencia ilícita, en un intento por mostrar que la ofensiva no sólo se dirige contra operadores armados, sino también contra las finanzas del crimen organizado.
A la par, el documento insiste en que la seguridad no puede reducirse al uso de la fuerza.
Por eso dedica una parte amplia a la atención a las causas, con programas sociales, jornadas comunitarias, territorios de paz y acciones de proximidad.
Bajo esa lógica, el gobierno vincula seguridad con bienestar: pensiones, apoyos a personas con discapacidad, atención territorial y programas comunitarios aparecen como parte de la misma estrategia de pacificación.
Esa narrativa busca reforzar el sello político de la administración: combinar política social con inteligencia operativa.
Otro elemento que refuerza el ángulo central es la coordinación política.
El informe reporta 192 sesiones del Gabinete Federal de Seguridad Pública y 610 acuerdos, además de la transferencia de 12 mil 348 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y 2 mil 242 millones del Fondo de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública para estados y municipios.
Es decir, el gobierno quiere proyectar que la estrategia no depende sólo del mando federal, sino de una articulación constante con entidades federativas y policías locales.
En conjunto, el mensaje político del informe es claro: la administración de Claudia Sheinbaum quiere fijar la idea de que México entró a una nueva etapa de seguridad, sustentada en tres pilares: militarización institucional de la Guardia Nacional, inteligencia como eje operativo y programas sociales como mecanismo de prevención.