México, 11 de febrero.- El Senado turnó a la Cámara de Diputados para su ratificación la reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, una medida que beneficiará de manera directa a aproximadamente 13.5 millones de personas trabajadoras en el país.
La reforma, enviada al Congreso el pasado 3 de diciembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea modificar el artículo 123, Apartado A, de la Constitución, y establece que la reducción de la jornada se implementará de manera gradual entre los años 2026 y 2030, con el objetivo de evitar impactos abruptos en la economía nacional y en los procesos productivos.
La reforma aprobada por unanimidad de votos, señala que esta transición progresiva toma como referencia experiencias internacionales exitosas, como las de Chile, Colombia y Corea del Sur, países que han reducido sus jornadas laborales sin afectar negativamente la productividad.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la garantía de que la disminución de horas de trabajo no implicará una reducción salarial, preservando así el ingreso de las y los trabajadores.
Además, se redefinen las reglas del trabajo extraordinario, reforzando su carácter excepcional.
En ese sentido, se establece que podrán laborarse hasta 12 horas extra por semana, las cuales deberán distribuirse en un máximo de cuatro horas diarias, hasta en cuatro días dentro de la misma semana.
El pago de estas horas será del 100 por ciento adicional al salario ordinario, mientras que, en caso de rebasar dichos límites, se deberá cubrir un pago de hasta el 200 por ciento, como medida disuasiva para evitar abusos.
Durante la discusión del dictamen, los grupos parlamentarios fijaron postura, coincidiendo en la necesidad de avanzar hacia un modelo laboral más justo y humano, aunque algunos señalaron la importancia de acompañar la reforma con políticas públicas que apoyen a las pequeñas y medianas empresas durante el periodo de transición.
Al presentar el dictamen a nombre de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT, recordó que desde la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917, el artículo 123 sentó las bases de los derechos laborales, incluida la jornada de trabajo, producto —dijo— de la lucha obrera y no de concesiones del poder.
La senadora resaltó que la reforma contempla una implementación gradual, a fin de permitir una transición ordenada que considere las particularidades de los sectores productivos y no comprometa la economía nacional. “Trabajar menos horas no es producir menos, es vivir mejor”, enfatizó.
Desde la oposición, la senadora del PRI Cristina Ruiz lanzó una dura crítica al oficialismo, al acusar a Morena de mentir sistemáticamente y de pretender impulsar lo que calificó como “la reforma del cansancio y de la explotación”.
Ruiz sostuvo que la verdadera demanda social es una jornada de cinco días laborales y dos días de descanso, con menos horas extras y mejor remuneradas, además de sanciones reales para los empleadores que incumplan. “Cambiarle el nombre al esquema no significa que el trabajador descanse más”, advirtió.
En una posición intermedia, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, confirmó que su bancada votará a favor de la reforma constitucional, pero señaló que el dictamen es insuficiente.
Coincidió en la necesidad de reducir la jornada laboral, pero cuestionó que no se garantice constitucionalmente el derecho a dos días de descanso, que se abaraten las horas extras y que la aplicación plena se postergue hasta 2030.
Por su parte, el senador del PAN Marko Cortés adelantó que su grupo parlamentario respaldará la reforma, al considerarla un paso en la dirección correcta y alineado con estándares internacionales promovidos desde hace décadas por la OIT.
No obstante, también la calificó como una “justicia a medias”, al señalar que más del 50 por ciento de los trabajadores se encuentra en la informalidad y no se beneficiará de inmediato.
Cortés cuestionó la gradualidad hasta 2030 y la falta de estímulos fiscales para micro y pequeñas empresas, además de exigir que el Senado declare de inmediato la constitucionalidad de una reforma previa al artículo 123 en materia salarial para los trabajadores del Estado.
El dictamen también endurece las restricciones al trabajo extraordinario en menores de edad, ampliando la prohibición hasta los 18 años, con el fin de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se mantiene el derecho constitucional a un día de descanso por cada seis días de trabajo, con goce de salario íntegro, sin que la reducción de la jornada modifique esta prestación.
En su exposición de motivos, el dictamen subraya que la reforma busca dejar atrás un esquema laboral vigente desde hace más de 100 años, y reconoce que México se mantiene entre los países con mayor carga laboral a nivel mundial, sin que ello se traduzca en mayores niveles de productividad ni en una mejor calidad de vida para la población trabajadora.
El documento reconoce al estrés laboral como un problema estructural de salud pública, y retoma estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que vinculan las jornadas prolongadas con un mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, agotamiento profesional y enfermedades psicosociales.
De acuerdo con estos datos, el 75 por ciento de las personas trabajadoras en México padece algún nivel de estrés laboral, cifra que coloca al país en el primer lugar mundial en esta problemática. Además, se estima que una cuarta parte de los infartos registrados anualmente está relacionada con factores laborales.