México, 24 de septiembre.- Con 106 votos a favor, el pleno del Senado aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de fortalecer el combate al delito de extorsión, una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El dictamen avalado por las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, subraya que la extorsión es un delito de alto impacto, pues sus repercusiones no sólo afectan a víctimas de manera individual, sino que dañan el patrimonio colectivo, la economía nacional y la estabilidad emocional y psicológica de la población.
De acuerdo con cifras oficiales, la incidencia de este delito ha crecido en los últimos años, al pasar de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 en enero de 2025.
El documento precisa que actualmente existe una disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales, lo que dificulta su persecución y ha permitido que la delincuencia organizada aproveche las diferencias jurídicas para evadir la justicia.
Por ello, la reforma busca que la Constitución otorgue al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de extorsión, con el propósito de eliminar la fragmentación jurídica que obstaculiza la impartición de justicia y genera inseguridad en las víctimas.
Antonino Morales Toledo, senador de Morena, expresó su voto a favor de la reforma constitucional, la que calificó como un paso decisivo para respaldar la estrategia de seguridad de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Desde la tribuna, Morales Toledo subrayó que la iniciativa permitirá homogeneizar la tipificación del delito de extorsión y sus sanciones en todo el país, cerrando las brechas legales que los grupos criminales han aprovechado para operar.
“Cada entidad había intentado enfrentarlo con su propio código penal, lo que generó desigualdades y espacios de impunidad. Hoy damos un gran paso con un marco legal general que dota a las autoridades de mayores capacidades de respuesta, privilegiando siempre la atención y protección de las víctimas”, afirmó.
La modificación constitucional permitirá además establecer de manera uniforme el tipo penal, las agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, así como incorporar mecanismos efectivos para la atención de víctimas, ofendidos y testigos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, con corte a julio de 2025, la extorsión continúa siendo un problema recurrente a pesar de los esfuerzos desplegados por autoridades federales y estatales, lo que refuerza la necesidad de nuevas herramientas legales y de prevención.
El dictamen establece que, tras esta reforma, la expedición de una Ley General en materia de Extorsión será un paso indispensable para crear un marco jurídico homogéneo, con criterios uniformes de investigación, persecución y sanción.
Esto, afirmaron los legisladores, contribuirá a reducir la impunidad y fortalecer la legitimidad del sistema de justicia penal.
