México, 8 de abril.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizar cuentas bancarias sin orden judicial previa, al subrayar que se trata de una herramienta clave para combatir el lavado de dinero y debilitar a la delincuencia organizada.
En respuesta a cuestionamientos surgidos en medios y redes sociales, la mandataria explicó que el fallo de la Corte ratifica criterios previamente establecidos por un tribunal de circuito y devuelve a la UIF una facultad que —aseguró— “siempre ha tenido”, pero que había sido acotada por interpretaciones judiciales recientes.
Sheinbaum enfatizó que la UIF no “congela” cuentas en sentido penal, sino que aplica una medida administrativa de “inmovilización” de recursos como parte de investigaciones financieras.
Aclaró que la facultad de congelamiento corresponde a la Fiscalía General de la República.
“La mejor manera de combatir a la delincuencia organizada es seguir la pista del dinero”, sostuvo.
Bajo esta lógica, la resolución fortalece la capacidad del Estado para intervenir de forma inmediata cuando existan indicios de lavado de dinero, evitando que los recursos sean retirados rápidamente mediante suspensiones judiciales provisionales, como ocurría anteriormente.
La presidenta criticó que, con el esquema previo, bastaba la interposición de un amparo para que se otorgara una suspensión automática, lo que permitía a los implicados retirar los fondos y dejaba sin efecto las investigaciones de la UIF.
Sheinbaum subrayó que la medida no elimina el derecho de los particulares a defenderse, ya que pueden recurrir al amparo.
Sin embargo, destacó que ya no habrá suspensiones inmediatas y que, tras reformas legales recientes, estos recursos deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses.
“Si hubiera una injusticia, en seis meses se libera la cuenta”, afirmó, al insistir en que se mantiene el control judicial, pero sin obstaculizar la acción inicial del Estado.
La mandataria reveló que, en lo que va de su administración, se han inmovilizado alrededor de cinco mil millones de pesos vinculados a actividades ilícitas, sin que —según dijo— haya habido quejas de empresarios o particulares afectados injustamente.
En ese sentido, rechazó que la medida abra la puerta a abusos o decisiones discrecionales con fines políticos. “Ningún empresario tiene por qué temer”, afirmó, al asegurar que todas las acciones de la UIF se apegan a la ley.
Como parte de su argumentación, Sheinbaum señaló que este tipo de facultades existen en otros países.
Mencionó que en Estados Unidos la policía puede realizar acciones similares, y que en Italia las autoridades de inteligencia también cuentan con mecanismos para intervenir recursos vinculados al crimen organizado.
La presidenta enmarcó la decisión dentro de su estrategia de pacificación del país, al reiterar que reducir la capacidad financiera de los grupos criminales es una vía directa para disminuir la violencia.
“El Estado mexicano tiene que tener las capacidades para hacerlo”, concluyó, al reivindicar el fortalecimiento institucional como eje de su política de seguridad.
