México, 5 de septiembre de 2022.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), discutió en una primera sesión la convencionalidad y constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
Después de la participación de los ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá, que se pronunciaron en contra de limitar la prisión preventiva oficiosa, se perfila la permanencia de esta figura en la Constitución.
Al presentar ante el pleno de la Corte su proyecto, el ministro Luis María Aguilar, precisó que “no se estudia si la prisión preventiva es necesaria o válida.
No se propone que la prisión preventiva desaparezca sino que sólo se dicte por el juez siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones. La insistencia es: la prisión preventiva seguirá, pero de manera justificada”, expuso.
Defendió que la prisión preventiva oficiosa es una medida contraria a los derechos humanos con múltiples efectos dañinos para el sistema penal y la sociedad.
Señaló que lo que se propone es que “la prisión preventiva debe dictarse únicamente cuando esté debidamente justificada, esto es, motivada por causas y razones legítimas consistentes.
Por ejemplo, en asegurar que el imputado sea presentado ante la justicia o cuando el imputado estando en libertad represente un riesgo para las víctimas, testigos o para la sociedad en general”.
En su intervención el ministro Alberto Pérez Dayán, argumentó que “no me corresponde asumir una tarea que no se me asignó, no soy quien para desprender hojas de la Constitución” al rechazar la limitación de la prisión preventiva oficiosa propuesta por el ministro Luis María Aguilar.
Pérez Dayán afirmó que los órganos derivados de la Constitución, como es la Suprema Corte de Justicia, no están facultados para hacer control de sus mandatos.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló en su participación que la Suprema Corte no tiene atribución para ‘inaplicar’ artículos constitucionales, por lo que adelantó que no se pronunciará a favor del proyecto.
Argumentó que suprimir la prisión preventiva oficiosa generaría mayores costos sociales, que implicarían “dejar a la sociedad a merced de las bandas dedicadas al crimen organizado”.
Apeló a que el Constituyente Permanente revise el listado de los delitos en los que aplica la medida cautelar.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf anunció su voto contra la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, toda vez que ello tendría enormes costos para quienes demandan seguridad, aunque reconoció que “no es deseable” su existencia.
En la última participación de la sesión de este lunes, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien al contrario de sus pares anunció su voto a favor de la desaparición de la prisión preventiva oficiosa.
Refirió que la figura debe ser justificada por el Ministerio Público tras un análisis del juez con base en los derechos humanos y los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia.