México, 10 de noviembre de 2022.- Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), acusó Karen Macías Lovera, jueza Novena de Distrito en el estado de Guanajuato, de exceder sus facultades y afectar la seguridad al conceder una suspensión definitiva contra del decreto por el que se transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Esta juez se excede en sus facultades, porque plantea la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución, en términos del artículo 105 sólo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia y esta juez en un primer momento decretó la suspensión de un decreto emanado del Poder Legislativo, pues bien esta resolución fue impugnada ante un tribunal colegiado y quedó sin efecto la suspensión provisional”, declaró.
“No obstante que fue revocada esta suspensión, la juez dictó una nueva resolución en este caso estableciendo la suspensión definitiva del decreto. Esta resolución, a todas luces inconstitucional, ya fue recurrida nuevamente por el Ejecutivo Federal, porque se excede la juez y está generando efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión”, señaló.
Mejía Berdeja confió en que un tribunal colegiado revoque la suspensión definitiva concedida por esta jueza, pues consideró que este tipo de acciones generan impunidad.
“Sí lo queremos hacer del dominio público, porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública, además esta juez se está excediendo en sus facultades. Tenemos confianza en que el tribunal colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta juez, pero sí se considera que son parte de las acciones que generan impunidad”, acusó.
En octubre pasado, Macías Lovera concedió la suspensión definitiva a Uniendo Caminos México, organización que promovió un amparo para impugnar el decreto, según el acuerdo publicado por el Consejo de la Judicatura Federal.
Con la suspensión definitiva, la jueza ordenó que no se transfiera el control de la Guardia Nacional a la Sedena y permanezca bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).