México, 13 de octubre.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público defendió ante el Senado la iniciativa de reformas a la Ley Aduanera, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, al destacar que se trata de una transformación integral para modernizar las aduanas, fortalecer la recaudación fiscal y combatir la corrupción, la evasión y el contrabando.
Durante una reunión con las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Primera, el subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, sostuvo que el objetivo de la propuesta es “modernizar el marco aduanero mexicano, mejorar la competitividad internacional y reforzar la fiscalización sin crear ni aumentar impuestos”.
“El comercio exterior representa cerca del 75% del PIB nacional. Su dinamismo exige un sistema aduanero eficiente, transparente y seguro. La actualización de la Ley Aduanera es impostergable”, afirmó Lerma Cotera.
El funcionario explicó que la iniciativa reforma 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9, en un esfuerzo por alinear la legislación con las nuevas dinámicas del comercio global, particularmente con el auge del comercio electrónico, que creció nueve veces en los últimos cinco años, de 24.5 a 225 millones de paquetes internacionales anuales.
Lerma Cotera advirtió que el contrabando, la evasión fiscal y la corrupción en aduanas han impactado directamente en la recaudación y la competitividad del país, afectando la capacidad del Estado para financiar programas sociales y servicios públicos.
“Esta reforma constituye una herramienta decisiva para combatir de manera frontal los actos de corrupción y la evasión en este sector estratégico y fundamental para el desarrollo nacional, pero también vulnerable a prácticas que han causado daño a la hacienda pública y a la competitividad del país.
“(…) La reforma puede significar una aduana con mayor tecnificación, eficiente y transparente, capaz de incrementar la competitividad de nuestro comercio exterior al tiempo que se protege a la industria mexicana y al empleo, contribuir a la seguridad nacional al impedir el tráfico ilícito y el contrabando, asegurando que los bienes que ingresan o se exportan se sujeten a normas sanitarias de seguridad, fiscales, etcétera”, precisó.
Entre los cambios más relevantes, destacó la creación del Consejo Aduanero, un órgano colegiado que otorgará autorizaciones, concesiones y prórrogas con criterios de transparencia y participación interinstitucional.
Este consejo estará integrado por representantes de Hacienda, el SAT, la ANAM y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
También se plantea eliminar la patente vitalicia de los agentes aduanales, sustituirla por una vigencia de 20 años renovable, e incorporar certificaciones periódicas cada tres años para profesionalizar la función y garantizar la rendición de cuentas.
Además, se fortalecerán los controles a los programas de importación temporal, como IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) y recintos fiscalizados, para asegurar que las mercancías realmente se reexporten o paguen las contribuciones correspondientes.
La propuesta incluye la integración del expediente electrónico de pedimentos, que incorporará facturas, contratos, CFDI y seguros, así como la interoperabilidad de sistemas con la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones para supervisar en tiempo real las operaciones de comercio exterior.
“Se trata de una aduana más moderna, transparente y digital, que impulse la competitividad y proteja la soberanía fiscal del país”, resumió Lerma Cotera.
Por su parte, Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), respaldó la iniciativa al señalar que la modernización aduanera es también un asunto de seguridad nacional.
“Esta iniciativa contempla la modernización de los procesos aduaneros para eficientar trámites y cerrar espacios a la evasión y elusión fiscales, fortalecer la seguridad y la transparencia para garantizar la certeza jurídica y modernizar la operación de los actores involucrados, como es el caso de los agentes aduanales, impulsar la competitividad y apoyar la economía nacional generando mejores oportunidades y condiciones para nuestras empresas con reglas claras y procesos expeditos”,
enfatizó.
El funcionario informó que en 2024 la recaudación aduanera alcanzó 1.25 billones de pesos, con un crecimiento de 0.3% respecto al año previo, y que en 2025 —hasta septiembre— ya se han recaudado 200 mil millones de pesos más que el año anterior.
Marín Mollinedo detalló que se han iniciado 45 procedimientos contra agentes aduanales por irregularidades detectadas, de los cuales 34 han derivado en cancelaciones de patentes.
Señaló que se han identificado casos de subvaluación, falsedad en declaraciones y simulación de operaciones por parte de agentes y empresas de mensajería.
“La autoridad ha detectado importaciones falsas, mercancías mal declaradas y maniobras para evadir el pago de impuestos. Esta reforma actualiza las sanciones y refuerza la trazabilidad con herramientas tecnológicas”, explicó.
Erick Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que las modificaciones propuestas a la Ley Aduanera no buscan restringir la importación de determinados productos, sino fortalecer el cumplimiento de las normas en todas las operaciones de comercio exterior y combatir las prácticas ilegales que afectan a la economía nacional.
Durante la reunión Jiménez Reyes explicó que el proyecto pretende modernizar el marco legal para garantizar que la entrada y salida de mercancías del territorio nacional se realice conforme a la ley.
“El propósito de la reforma es combatir a quienes afectan a las mexicanas y a los mexicanos con sus acciones, que tiene como consecuencia producir daños a la economía nacional, a las y los comerciantes y fabricantes que son partes de las cadenas de valor, a la recaudación fiscal, a la seguridad nacional y a la salud pública”, señaló.
El funcionario subrayó que las modificaciones al marco legal son resultado de un trabajo exhaustivo derivado del análisis de diversas prácticas indebidas cometidas por importadores, agentes aduanales, empresas con programas IMMEX, recintos fiscalizados y almacenes generales de depósito.
Aclaró que los contribuyentes que cumplen con la ley y actúan de manera transparente “no tienen de qué preocuparse”, pues las reformas están enfocadas únicamente en sancionar a quienes abusan de los programas o certificaciones para evadir sus obligaciones fiscales y aduaneras.
Destacó además que las reformas buscan fortalecer la figura del agente aduanal como coadyuvante en la protección de la economía nacional, la seguridad y la salud pública.
Recordó que estos profesionales son expertos en comercio exterior y desempeñan una función clave en la correcta recaudación de contribuciones.
En cuanto al incremento de infracciones y sanciones, explicó que su finalidad es desincentivar las prácticas ilegales, no castigar a los contribuyentes cumplidos.
Detalló que el SAT ha reforzado sus acciones contra el contrabando mediante operativos, integración de asuntos penales y procedimientos administrativos en materia aduanera, además de solicitar la cancelación de patentes de agentes aduanales y la suspensión de contribuyentes con irregularidades en el padrón de importadores.
Entre las medidas implementadas, mencionó la modificación de normas en materia de mensajería y paquetería, la revisión de esquemas del IEPS, ajustes para los recintos fiscalizados estratégicos, la digitalización de trámites del VUCEM (Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano) y la próxima entrada en vigor de la manifestación de valor que deberán presentar todos los importadores.
Finalmente, Jiménez Reyes reiteró que las propuestas no tienen fines punitivos ni se dirigen a sectores específicos, sino que buscan combatir el contrabando y fortalecer la recaudación.
“Solicitamos que se aprueben estas reformas con el fin de poder combatir el contrabando e incrementar la recaudación fiscal”, concluyó.
La iniciativa representa uno de los pilares del proyecto económico de la presidenta Claudia Sheinbaum, al combinar eficiencia administrativa, combate a la corrupción y fortalecimiento fiscal sin nuevos impuestos.
