México, 13 de abril de 2021.- La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) recomendó no aprobar la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque afecta la libre concurrencia y competencia a lo largo de la cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, al generar incertidumbre jurídica tanto a la entrada de nuevos participantes, como a la participación de los agentes que ya operan en los mercados.
Lo anterior, podría resultar en un incremento de precios en las gasolinas, el diésel y el gas doméstico, con el correspondiente impacto negativo en el poder de compra de los consumidores y el aumento de costos y pérdida de competitividad de las empresas.
Al enviar al Senado su opinión sobre esta iniciativa que se analiza y discute en la Cámara de Diputados, la COFECE advirtió que en sus términos causaría 3 afectaciones principales:
– Distorsión de las condiciones de entrada, las cuales dependen en gran medida del régimen de permisos regulado en la Ley de Hidrocarburos.
– Considerar la negativa ficta para las solicitudes de cesión de permisos, cuando actualmente opera la afirmativa ficta, generando incertidumbre jurídica.
– Requerir la demostración previa de cierta capacidad de almacenamiento para la obtención de permisos, lo que podría resultar en una restricción de la oferta.
La COFECE afirmó que las modificaciones consideradas afectarían el otorgamiento y ejercicio de los permisos a lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Precisó que una barrera a la entrada o restricción de oferta en alguno o varios de los eslabones -producción, importación, transporte, reparto, distribución y expendio- de gasolinas y diésel, genera “concentración del mercado a lo largo de la cadena de valor.
Esto otorgaría poder de mercado a ciertos agentes, permitiéndoles incrementar su precio y su margen (generando una cadena de marginalizaciones), lo que afecta a los consumidores finales, que son las familias y las empresas mexicanas”.
Recordó que la iniciativa faculta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) suspender temporalmente los permisos expedidos, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
Sin embargo, la iniciativa es omisa en especificar los parámetros para determinar la duración la suspensión temporal de los permisos y el procedimiento respectivo para decretarla, es decir, sin dejar clara la forma en que la autoridad habría de determinar en cada caso dicha temporalidad.
Esta modificación, aseveró la COFECE, generaría incertidumbre jurídica para los participantes del mercado y los potenciales entrantes, al otorgar amplia discrecionalidad a los reguladores para suspender permisos.
Esto es especialmente perjudicial dado que los permisos son necesarios para operar la cadena de valor: desde el tratamiento y refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, hasta el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Lo anterior, tendría un doble efecto. Por una parte, desalentaría la entrada de nuevos participantes al mercado, al no contar con certeza razonable que les permita diseñar sus planes de negocio e inversión.
Por otra parte, podría restringir injustificadamente la oferta y preservar o incrementar la concentración de mercado a lo largo de la cadena de valor al habilitar la suspensión de permisos vigentes con criterios poco claros, todo esto podría perturbar las condiciones de oferta e incrementar los precios de estos bienes y servicios en perjuicio de las familias y empresas.
Sobre la negativa ficta, la COFECE señaló que propiciaría incertidumbre regulatoria debido a que, esta reduce los incentivos para que la autoridad resuelva de forma expedita las solicitudes y la exime de justificar o explicar al solicitante las razones técnicas para negarlas, implicando que los agentes económicos deban presentar una nueva solicitud sin conocer -salvo a través del amparo- las omisiones o errores en los que en su caso incurrieron en la original.
La oportuna resolución de las solicitudes de cesión de permisos es relevante para el desempeño eficiente del sector, porque puede constituir la manera en que distintos grupos compiten vigorosamente en los mercados.
Entorpecer la cesión de permisos podría reducir el número, la variedad y la eficiencia de los competidores en el mercado.
Por último, demostrar a la Secretaría de Energía que se cuenta con la capacidad requerida de almacenamiento para la obtención de un permiso, genera un círculo vicioso entre la falta de capacidad de almacenamiento por la inexistencia de permisos y la falta de permisos por la escasez de infraestructura, desalentando nuevas inversiones.
Esto resulta contraproducente y a la vez innecesario y exacerbaría el problema y generar barreras regulatorias para la entrada de nuevos ofertantes.
Revocar permisos mediante la aplicación de requisitos posteriores a su otorgamiento constituiría una violación a los derechos adquiridos y una restricción injustificada a la oferta.