México, 7 de marzo de 2022.- El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) envió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, al argumentar que renuncia de manera tajante al modelo de competencia y lo sustituye por un monopolio estatal no regulado.
En la opinión se “reitera la importancia de mantener y consolidar un modelo eléctrico basado en la competencia, acompañado de los elementos de regulación que sean necesarios para salvaguardar el interés público”.
La Cofece afirma que el modelo que busca implementar el gobierno ha “sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas”.
Enumera las razones por las que considera que la reforma representa un retroceso en contra del bienestar social:
Instaura un monopolio en toda la cadena de valor del sector, es decir, en la generación, transmisión, distribución y abasto (comercialización) de electricidad.
Crea un monopsonio (único comprador) en la compra de electricidad que, en su caso, realice la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Desmantelar el marco institucional que tutela el interés público, trasladando indebidamente a la CFE las tareas regulatorias y de política pública, incluyendo el control y la planeación del sistema eléctrico, así como la determinación de tarifas.
Eliminar distintos mecanismos que persiguen objetivos fundamentales, como velar por la confiabilidad del sistema, diversificar la matriz de generación, procurar la equidad entre los participantes, aplicar regulación neutral y técnica, mejorar el servicio y motivar inversiones en tecnologías de generación más eficientes y limpias.
Según la Cofece, la reforma “retrasaría la salida del mercado de las centrales de generación más viejas, contaminantes e ineficientes. Asimismo, desincentivaría la instalación de nuevos proyectos que pudieran operar con tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente”.
“De esta manera, el cambio de paradigma propuesto ocasionaría un aumento de costos a lo largo de la cadena de valor de la industria eléctrica, lo que provocaría un aumento de tarifas que lesionaría el bienestar de los consumidores y la posición competitiva de las empresas, o bien un desvío de recursos para subsidiar un servicio público ineficiente”.