México, 30 de noviembre de 2021.- Ricardo Monreal y Julio Menchaca, senadores de Morena, presentaron una iniciativa de ley por la que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el propósito de implementar juicios orales, juicios en línea y audiencias a distancia, así como el uso de la firma y las actuaciones electrónicas y expedientes digitales para resolver las controversias que se dan entre particulares cotidianamente.
Otro de los propósitos del Código es la instrumentación de mecanismos que permitan que se materialice en su esfera jurídica y patrimonial los efectos de una sentencia favorable que repare aquellos derechos vulnerados.
Los promotores reconocen que el sistema de justicia civil y familiar resulta lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso, ya que los procesos suelen ser largos, tediosos, fríos e infructuosos para resolver el problema planteado ante los órganos jurisdiccionales.
Señalan que las normas contenidas en los códigos procesales de cada uno de los estados y el Federal han generado diversos obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita en materia civil y familiar, debido a la existencia de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas y, a veces, contradictorias entre sí en relación a un mismo procedimiento o conflicto.
Aunado a ello, el sistema de justicia basado exclusivamente en procesos escritos no está a la altura de las necesidades y expectativas de la ciudadanía que busca resolver los conflictos en forma eficaz y eficiente.
Refieren que la justicia cotidiana está justamente encaminada a resolver los conflictos del día a día, atender los problemas más frecuentes de las personas y, en general, hacer que la justicia sea más sencilla, pronta y cercana.
Esto sólo puede lograrse homologando los procedimientos en todo el territorio nacional para así dirimir las controversias entre particulares.
El coordinador de Morena y el presidente de la Comisión de Justicia destacan que es medular para definir las condiciones de igualdad entre las personas justiciables que eviten discriminación, procedimientos y mecanismos judiciales orales, sencillos y efectivos para resolver todo tipo de conflictos y lograr el cumplimiento de sentencias y convenios, así como criterios jurídicos que garanticen mayor protección de los derechos humanos.
El Código será aplicable en el fuero federal y local y en todo el territorio nacional y descansará en un procedimiento de carácter adversarial, democrático y oral.
Sustentado en una redistribución de los roles de sus principales personas operadoras, juzgadoras y litigantes, conforme a los principios de oralidad, inmediación, publicidad, igualdad, contradicción, continuidad y concentración, lo que permitirá procedimientos más ágiles en la medida que juezas y jueces sean los moderadores y conductores del debate, en tanto que las y los litigantes son constructores del debate y las pruebas, a fin de desarrollar procedimientos de mayor calidad.
El Código consta de 11 libros y 894 artículos.
Este Código fue también elaborado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).
Los promotores impulsarán trabajos de Parlamento Abierto invitando a participar a todos los sectores que operarán el nuevo ordenamiento, no sólo desde el ámbito de la función jurisdiccional, sino desde el sector de la abogacía, la propia ciudadanía que se ve obligada a litigar sus asuntos, la academia e investigación, el sector estudiantil y sociedad en general.