México, 21 de julio de 2020.- La bancada del PAN en el Senado, presentó una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por omisión y negligencia en el manejo de la pandemia de Covid-19 y violaciones a derechos humanos.
Pidió a la CNDH una investigación por violaciones a derechos humanos, que culmine con una recomendación pública.
En la argumentación de su queja, los panistas acusan al gobierno federal de poner en riesgo derechos fundamentales, que son básicos y primordiales para las personas:
Derecho a la salud, derecho a la vida y derecho fundamental a la subsistencia económica.
Los panistas señalan que el gobierno no ha recomendado mediante acto administrativo alguno el uso de cubrebocas en determinados contextos, tanto para servidores públicos como para particulares.
Además, se ordenó una apertura apresurada de las actividades no esenciales.
Recuerdan que las instancias internacionales han recomendado el uso de cubrebocas entre las medidas de prevención y control, para limitar la propagación del Covid-19.
Exigen la expedición de una norma administrativa de carácter general, en la que se recomiende enfáticamente el uso de cubrebocas bajo los lineamientos dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Demandan también revertir la apertura evidentemente apresurada de las actividades no esenciales y desmentir el uso de estampas religiosas y nanomoléculas de cítricos para protegerse del coronavirus.
Proponen el otorgamiento de subsidios a empresas que tengan inscritos trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que el gobierno asuma de un 50 a un 30 por ciento la nómina de los trabajadores.
Piden también se otorguen subsidios para agua, luz y gas en aquellas zonas con alto grado de marginación y se tomen medidas para incentivar que los propietarios reduzcan el precio de la renta en al menos un 30 por ciento cuando se trate de negocios que no puedan operar.
Tampoco, se cobren recargos, multas ni actualizaciones a aquellos negocios que se vean afectados por la pandemia.
Cuestionan también el uso del Modelo Centinela que no es recomendado internacionalmente para el control de la pandemia.
Critican la falta de pruebas masivas para la detección oportuna del coronavirus y el maltrato y desprecio al personal médico, al que ni siquiera se le ha otorgado el material de protección indispensable y necesario.
Acusan al gobierno federal de omisión por no impulsar la determinación y entrega de un Ingreso Básico Universal (IBU), para apoyar a todas las personas económicamente activas, formales o informales, afectadas por la pandemia.