México, 15 de mayo.- Durante el tercer conversatorio convocado por el Senado sobre la propuesta de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, representantes del sector digital, social y público manifestaron preocupaciones por vacíos legales y riesgos a derechos fundamentales, a pesar de reconocer avances como la eliminación del polémico artículo 109.
Mercedes Aramendia, de la Alianza por una Internet Abierta, celebró el retiro del artículo 109, que permitía el bloqueo de plataformas digitales sin control judicial.
No obstante, advirtió sobre otras disposiciones ambiguas que podrían facilitar la censura estatal.
“Celebramos en este sentido la apertura mostrada para reconsiderar el artículo 109 del proyecto. Su redacción original generaba múltiples preocupaciones, entre ellas, concentración excesiva de poder sin garantías, ambigüedad sobre qué autoridad puede aplicar la medida, ausencia de control judicial y riesgo de censura. (…) No había delimitación temporal, no se definía con claridad qué autoridad puede adoptar la medida, ni se preveían salvaguardas mínimas de transparencia o rendición de cuentas. Esto incrementaba el riesgo de abusos al tiempo que afectaba derechos fundamentales, la inversión y compromisos internacionales de México. Además, los bloqueos afectan a toda la cadena de valor digital”, declaró.
Gabriel Falcón, de IAB México, destacó el impacto económico de la publicidad digital, que ya representa el 60 por ciento del gasto publicitario en el país.
Llamó a evitar restricciones que afecten la inversión y el acceso gratuito a contenidos, y propuso un marco regulatorio equilibrado entre regulación y autorregulación.
“En IAB México no nos oponemos a la regulación, al contrario, la promovemos cuando es clara, aplicable y construida con evidencia. Creemos firmemente en el equilibrio entre la regulación y autorregulación.
“La regulación protege derechos y establece las reglas del juego. La autorregulación aporta velocidad, conocimiento técnico y adaptabilidad. Ambas son necesarias. Lo importante es evitar marcos normativos que confundan censura con protección o limiten la innovación bajo pretexto de control”, dijo.
Desde la Asociación Latinoamericana de Internet, Fabiola Peña señaló que las definiciones legales actuales podrían extenderse a servicios fuera del ámbito de telecomunicaciones, como redes sociales y comercio electrónico, generando inseguridad jurídica.
Héctor Romero, de la CFE, defendió el papel del Estado en garantizar conectividad en zonas marginadas, mientras que David Pizaña, de la Asociación de Internet MX, insistió en definir un marco específico para los servicios digitales.
Francia Pietrasanta, de R3D, propuso reformas a la ley de datos personales para proteger a los usuarios y evitar que artículos eliminados sean reintroducidos con otro lenguaje.
“Celebramos las recientes declaraciones respecto a la eliminación de los artículos 201 y 202 que promovían censura previa a contenidos producidos en el extranjero, y también del artículo 109 sobre el bloqueo de plataformas digitales por ser incompatibles con la Constitución, con precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con los estándares internacionales de derechos humanos que prohíben la censura previa.
“Sin embargo, es importante subrayar, si se eliminan estos artículos no deben replicarse en otras disposiciones ni insistirse en medidas de censura violatorias de la libertad de expresión desde otras leyes”, señaló.
El encuentro reflejó coincidencias en proteger derechos digitales y modernizar la ley, pero también preocupaciones persistentes sobre su alcance, lenguaje y efectividad.
