México, 13 de mayo.- Este martes, se llevó a cabo el segundo conversartorio sobre el dictamen por el que se expide la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Los participantes debatieron sobre temas relacionados con la cobertura social y el acceso al espectro radioeléctrico, y destacaron la importancia de una legislación que promueva la equidad y la inclusión en las telecomunicaciones en México.
Elizabeth Peña Jauregui, representante de Ericsson, abogó por la inclusión del concepto de «conectividad significativa» en la ley.
Enfatizó que la legislación debe garantizar acceso confiable, seguro y asequible a la tecnología.
Destacó que la ciberseguridad debe ser vista como un derecho fundamental y sugirió que el Estado impulse políticas fiscales que promuevan la conectividad, reconsidere los altos costos del espectro que actualmente inhiben la inversión en el sector.
“Les solicitamos optar por una ley que elimine los impuestos especiales, que incentive la inversión, que promueva la desregulación, la neutralidad tecnológica, la competencia efectiva, la conectividad significativa, confiable, segura y de calidad”, propuso.
En su turno, Jorge Luis Pérez Hernández, de las Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), planteó que el acceso al espectro es fundamental para garantizar la cobertura social en áreas remotas.
Señaló que los grandes operadores no ven rentables estas zonas y que el Estado debe incentivar la cobertura en áreas no lucrativas mediante descuentos en los pagos anuales por el uso del espectro.
Además, resaltó la importancia de la política satelital, señalando la necesidad de estrategias para conservar las posiciones orbitales mexicanas, vitales para la conectividad en áreas marginadas.
Aclaró que la iniciativa no pretende excluir al sector privado.
“En resumen, esta reforma no busca excluir al sector privado ni duplicar esfuerzos, sino complementar el ecosistema actual con nuevos instrumentos e incentivos.
“Establece condiciones para que el espectro radioeléctrico sea utilizado de manera eficiente, inclusiva y alineado con los intereses públicos de nuestro país”, puntualizó.
Carlos Alejandro Merchan Escalante, de la Academia de Ingeniería, mostró su preocupación por la pérdida de las posiciones orbitales mexicanas, un patrimonio vital para la comunicación satelital.
Instó a la Cámara de Senadores a adoptar medidas que garanticen la continuidad de las operaciones satelitales en estas posiciones, especialmente, en el contexto de la reforma que se está discutiendo.
“Y que si no se hacen las cosas que se deben de hacer oportunamente, es muy probable que en el mediano plazo perdamos la primera posición orbital y posteriormente las otras tres posiciones orbitales, que tanto trabajo nos costó conseguirlas oportunamente”, advirtió.
Jimena Ferráez Ramos, presidenta de la Cámara de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones, destacó el rol esencial de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en la provisión de conectividad en comunidades marginadas.
Solicitó un reconocimiento legal claro para estos operadores, y destacó su impacto social y su cercanía con los usuarios.
Ferráez propuso la creación de un marco normativo que elimine la discrecionalidad en la regulación, simplifique procesos y facilite el acceso al financiamiento y la tecnología.
Además, demandó la inclusión de los pequeños operadores en los proyectos de conectividad social y un acceso equitativo al espectro radioeléctrico.
El coordinador del Comité de Radios Comunitarias Indígenas y Afromexicanas de Michoacán y Oaxaca, Melquiades Rojas Blanco, hizo un llamado al reconocimiento de los derechos establecidos en el artículo segundo constitucional, que otorga derechos específicos a las comunidades indígenas y afromexicanas.
Rojas denunció la falta de consulta efectiva con estas comunidades en la elaboración de políticas digitales, y sugirió la creación de mecanismos obligatorios para la consulta previa en la modificación de alineamientos relacionados con telecomunicaciones y espectro radioeléctrico.
Erick Huerta Velázquez, representante de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC, subrayó la necesidad de una política de fomento específica para los pequeños operadores.
Criticó las políticas actuales que subsidian a grandes empresas como CFE, generando una competencia desleal con los operadores comunitarios.
Huerta también destacó la importancia de establecer un fondo de apoyo para los operadores comunitarios y facilitar su inclusión en los proyectos de conectividad social.
Clara Luz Álvarez González de Castilla, catedrática de la Universidad Panamericana, aseguró que la reforma no tiene como objetivo excluir al sector privado ni duplicar esfuerzos, sino más bien complementar el ecosistema actual con nuevos instrumentos e incentivos.
La propuesta, señaló, busca asegurar que el espectro radioeléctrico se utilice de manera eficiente, inclusiva y alineada con los intereses públicos, promoviendo una mayor equidad en el acceso a los servicios de telecomunicaciones en todo el país.
En este conversatorio los pequeños operadores reclamaron un marco normativo que los reconozca y apoye, y los expertos coincidieron en la necesidad de que el Estado juegue un papel facilitador, protegiendo recursos como el espectro y las posiciones orbitales, y promoviendo un entorno que favorezca la competencia leal y el acceso equitativo para todos los sectores.
La oposición criticó la inasistencia de José Merino, titular de la ATDT, para que explicara las 66 facultades o atribuciones que se le confirieron a este órgano del Estado para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión.
