México, 18 de mayo de 2020.- El Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la Concamin, la American Chamber México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, pidieron al gobierno federal revocar el Acuerdo de Política de Confiabilidad, que ilegalmente impuso la Secretaría de Energía, toda vez violenta el Estado de derecho y atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país.
Además de afectar los derechos de los generadores renovables, de los consumidores y de todos los participantes en el sector eléctrico nacional.
La iniciativa privada insistió que el gobierno debe respetar el marco jurídico mexicano, así como los instrumentos y tratados internacionales de los que es parte, como el T-MEC y el TLCUEM.
El Consejo Coordinador Empresarial afirmó que a través de este instrumento, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia y recurre a la ilegalidad para favorecer a la CFE y dificultar la inversión privada.
Además de que dicho acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos, lo que representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país, como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares.
No sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.
Llamaron a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica de la Presidencia a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía.
Advirtieron que el sector privado agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor de desarrollo del país.
Alertaron que al buscar desplazar a las plantas de energía renovables más eficientes para poner en operación las obsoletas e ineficientes plantas a base de combustóleo de la CFE, constituye un grave atentado contra el medio ambiente y la salud de los mexicanos. Además de que deben cuidarse los más de 30 mil empleos que generan las energías verdes.
La Coparmex, aseguró que este acuerdo constituye una acción temeraria, que de no ser reconsiderada por el gobierno, ahuyentará en plena pandemia sanitaria y crisis económica inversiones en el país, generará mayor desempleo y ocasionará que los interesados acudan a tribunales nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano.