México, 30 de enero de 2020.- Emilio Lozoya, ex director de Pemex, desvió 83 millones de pesos de la empresa productiva del Estado mediante una universidad, que contrató empresas fachada a las que se les otorgaban contratos para sacar el dinero con fines personales o electorales.
Lo anterior lo reveló Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Nieto Castillo precisó que Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia, utilizó el mismo mecanismo de la “Estafa Maestra” para allegarse de los recursos.
El titular de la UIF detalló cómo Emilio Lozoya trazó la estrategia financiera para distraer estos dineros de las arcas de Pemex.
“Estos son casos nuevos, esto tiene que ver con Pemex en la administración del señor Emilio Lozoya. Es un caso de 83 de millones, donde se utiliza nuevamente a una universidad y esa universidad contrata empresas fachada. (…) En este caso lo que encontramos en la administración fue la generación de empresas fachada, esas empresas fachada eran constituidas (…) competían ilícitamente contra los empresarios porque ganaban los contratos y estas empresas tres o cuatro meses de haber ganado millones de pesos desaparecían. El dinero era trasladado a cuentas particulares, de ahí se sacaba el dinero en efectivo y por trasladores de valores era llevado a distintos lugares de la República, e inclusive, fuera de las fronteras nacionales, (…) evidentemente distrayendo recursos públicos para fines de naturaleza personal o electoral”.
Al participar en la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Santiago Nieto recordó que esta administración fijó como estrategia combatir la estructura financiera del sicariato de los cárteles del narcotráfico que operan en México.
Dijo que esto ha permitido congelar cuentas y combatir el lavado de dinero.
Pero, mencionó que hay que minar también la corrupción política de grupos locales, que le da protección a estas organizaciones delincuenciales.
Señaló que hay que contrarrestar la corrupción al interior de los ministerios públicos y la judicial, que también les otorga mecanismos jurídicos de protección.