México, 12 de julio.- El gobierno de México fue notificado oficialmente por autoridades de Estados Unidos sobre la imposición de nuevos aranceles del 30 por ciento a productos mexicanos, como parte de un rediseño de su política comercial impulsado por la administración del presidente Donald Trump.
Ante ello, se instaló una mesa de trabajo permanente binacional con el objetivo de defender los intereses económicos compartidos y buscar alternativas antes de que las nuevas tarifas entren en vigor el 1° de agosto.
La Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que ayer una delegación mexicana integrada también por las secretarías de Hacienda, Seguridad Pública y Energía se reunió en Washington con funcionarios del Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, el Departamento de Energía, el Consejo de Seguridad Nacional y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
Durante el encuentro, convocado por el Departamento de Estado, se abordaron temas clave de la relación bilateral: seguridad, migración, frontera, gestión de aguas y la relación económica.
Fue en ese contexto que las autoridades estadounidenses dieron a conocer que, como parte de un cambio profundo en su política comercial, todos los países recibirían una carta firmada por el presidente Trump anunciando el establecimiento de nuevas tarifas a partir del 1° de agosto.
El gobierno de México manifestó su rechazo a la medida, considerándola un trato injusto.
“Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo”, subrayaron ambas dependencias en un comunicado conjunto.
Se acordó que la primera gran tarea de la mesa binacional será conducir los trabajos para que, antes de que entren en vigor los aranceles, se encuentre una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera.
“Resulta muy relevante haber establecido desde el 11 de julio la vía y el espacio de negociación”, destacaron.
Con este mecanismo, el gobierno mexicano busca evitar daños al comercio bilateral, preservar la competitividad regional y asegurar que cualquier medida unilateral no afecte negativamente la economía de ambas naciones.
