México, 19 de agosto.- Durante el foro “Nuevas perspectivas de los ODS sobre pobreza y desigualdad”, organizado por el Senado, especialistas destacaron los avances de México en justicia social, al tiempo que señalaron los desafíos pendientes para garantizar el bienestar de toda la población.
Peter Grohmann, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas (ONU) en México, subrayó que en los últimos años el país ha logrado aumentar el ingreso de los hogares, especialmente, entre los sectores de menores ingresos, y disminuir la desigualdad con respecto a los grupos de mayores ingresos.
“Para estos avances fueron clave los aumentos al salario mínimo y la reducción del outsourcing, sin afectar el empleo ni la inflación, incluso en un contexto de bajo crecimiento económico”, explicó.
Grohmann destacó que México ha demostrado que la reducción de la pobreza puede lograrse de manera significativa incluso sin un crecimiento económico fuerte y, de hecho, durante la pandemia se aplicaron políticas públicas que priorizaron la protección de los sectores más vulnerables.
“Al menos la mitad de estos avances se deben a la política salarial. En segundo lugar, se deben a los programas sociales y los servicios públicos. Aquí hay otro cambio de mirada. Ha dejado de imponerse a las personas más vulnerables condiciones para su acceso a recursos públicos. Es decir, antes se vio mucho los programas condicionales de transferencia.
Hoy se busca garantizar los derechos. Esto es un cambio también fundamental que creo que hay que reconocer y hay que usarlo como ejemplo tal vez también para otros países. (…) Y se ha buscado fortalecer al Estado para que atienda de manera directa a las más excluidas por su clase social, de género, de edad, de etnicidad o de color de piel”, destacó.
Además este fortalecimiento, dijo, se expresa también en la inversión en infraestructura productiva, sobre todo el sur sureste, liderado por recursos financieros y humanos del propio Estado.
No obstante, advirtió que persisten obstáculos históricos para la inclusión, entre ellos, la falta de seguridad social universal y la desigualdad entre territorios, además de desafíos estructurales relacionados con la concentración de la riqueza y la financiarización de activos.
“El pago de impuestos y los programas de transferencias son importantes, pero no son suficientes para reducir la desigualdad”, señaló.
Por su parte, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, calificó la inequidad como una enfermedad que erosiona la dignidad y condena a generaciones enteras.
Destacó que, según la primera medición oficial de pobreza multidimensional del Inegi, entre 2022 y 2024 la pobreza en México disminuyó de 46.8 a 38.5 millones de personas, y la pobreza extrema de 9.1 a 7 millones.
López Elizalde enfatizó que, a pesar de estos avances, 62 millones de personas aún carecen de seguridad social, 44 millones requieren acceso pleno a servicios de salud y 18 millones enfrentan rezagos graves en alimentación.
“Pero los datos también nos marcan el camino. Garantizar el derecho a la seguridad social de 62 millones de personas que sigue siendo un gran reto. 44 millones de mexicanas y mexicanos deben acceder plenamente a los servicios de salud y 18 millones de personas enfrentan rezagos graves en la alimentación de calidad. Estos números nos recuerdan que la equidad en salud, educación, vivienda y trabajo sigue siendo el gran desafío nacional”, reconoció.
“Erradicar la pobreza no es tarea de un partido ni de un sexenio, es una misión de nación. Fin de la pobreza significa al mismo tiempo fin de la enfermedad y comienzo de la dignidad”, afirmó.
El foro permitió analizar los avances y los retos de México en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando la necesidad de políticas inclusivas y de un compromiso nacional para garantizar salud, justicia social y bienestar para todos.
