México, 13 de abril.- La decisión unilateral de la aerolínea Magnicharters de suspender todas sus operaciones de forma repentina detonó un operativo de emergencia del gobierno federal para atender a pasajeros varados, en un episodio que evidenció la falta de previsión de la empresa y posibles violaciones a los derechos de los consumidores.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática: la compañía “decidió dejar de volar”, argumentando problemas logísticos, pero sin avisar previamente a los usuarios, lo que provocó caos en plena temporada de retorno vacacional.
El punto crítico se concentró en Cancún, donde decenas de pasajeros quedaron sin información ni alternativas inmediatas para regresar a sus destinos.
“De un día a otro se iban a cerrar estos vuelos”, subrayó la mandataria, al cuestionar la forma en que la empresa ejecutó su decisión.
Ante la emergencia, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, encabezada por Jesús Esteva, coordinó con distintas aerolíneas la asignación de espacios disponibles en vuelos de regreso, aprovechando asientos vacíos tras el periodo vacacional.
Además, se activó la posibilidad de apoyo con Mexicana de Aviación como parte de la estrategia para reubicar a los afectados.
En paralelo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, acudió personalmente al aeropuerto de Cancún para atender a los pasajeros, quienes manifestaron su molestia ante la falta total de información por parte de la aerolínea.
La presidenta dejó claro que, si bien el gobierno intervino para mitigar los efectos, la responsabilidad de fondo recae en la empresa: “Frente a la circunstancia de que no se avisó… se hizo lo mejor que se pudo”.
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor, encabezada por Iván Escalante, ya inició una revisión para determinar por qué la compañía tomó esta decisión sin previo aviso y garantizar que responda a los pasajeros afectados.
