México, 18 de junio de 2020.- El juez federal Juan Carlos Guzmán Rosas ordenó proteger y dar prioridad a los vestigios descubiertos en Santa Lucía y pidió al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que informe si la construcción de infraestructura aeroportuaria le impide realizar su proyecto de investigación, así como si la obra afecta a la investigación, recuperación, rescate, protección, restauración, rehabilitación, vigilancia y custodia de fósiles encontrados.
“Se concede la suspensión para el efecto de que el INAH ejecute a cabalidad el proyecto que pretende dar a conocer 20 mil años de historia de la vida en el noroeste de la Cuenca de México, en lo que eran las orillas del lago Xaltocan, y las posibles interacciones de la fauna del pleistoceno tardío con las primeras poblaciones humanas en esa región lacustre que hoy, a través de las obras de infraestructura, desvela una extraordinaria riqueza para la ciencia”, expresó el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa a través de un comunicado.
La suspensión también obliga al INAH a delimitar el área del proyecto de investigación, para evitar que las máquinas de la obra del AISL destruyan algún vestigio.
Esta orden fue resultado de un amparo promovido por un particular del cual no se dio su nombre, que alegaba las obras del aeropuerto pueden violar los derechos humanos de acceso a la cultura y compromisos internacionales del Estado Mexicano. No obstante, el juez rechazó frenar las obras del AISL, las cuales están valuadas en 82 millones de pesos y cuyo avance se encuentra al 18%.
“No es procedente conceder la suspensión para el efecto de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ejerza sus facultades y suspenda las obras del Nuevo de Aeropuerto Felipe Ángeles, hasta que se extraigan todos los bienes antropológicos y paleontológicos en el lugar porque en términos del artículo 37 de la Ley de Aeropuertos, dicho proyecto de edificación al ser de utilidad pública implica la construcción de un aeropuerto, que en este caso se realiza en un área geográfica donde el Estado Mexicano ejerce el dominio directo, lo que implicaría contravenir disposiciones de orden público respecto de lo cual la sociedad en general está interesada en su continuación”.
El documento apunta que en el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía trabajan más de 17 mil personas contratadas directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable de la obra, que puede impugnar la suspensión provisional ante un tribunal colegiado. (Con información de Crónica)