México, 15 de octubre.- El senador Arturo Inzunza, de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, aseguró que las modificaciones recientes a la Ley de Amparo no constituyen una ley con dedicatoria ni aumentar la recaudación, sino que buscan modernizar el procedimiento judicial y garantizar el acceso a la justicia de manera equitativa.
Inzunza explicó que las reformas se apegan a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre leyes procesales, que establece que las etapas ya cumplidas de un juicio permanecen bajo la legislación anterior, mientras que las etapas futuras se regirán por la ley reformada, lo que evita cualquier retroactividad.
El legislador señaló que la ley es de aplicación general, sin nombres ni apellidos, y que los instrumentos que brinda a las instituciones son para garantizar derechos constitucionales, no para perseguir a personas específicas ni generar ingresos adicionales.
“Rechazo que tenga dedicatoria. Una característica de la ley es que es general. Es una ley general, no tiene nombre, no tiene apellidos. Es para cualquier persona que se encuentre en el supuesto genérico de la norma”, enfatizó.
- ¿Recaudatoria también dicen que puede ser?, se le preguntó.
- No, no es recaudatoria. Se le da instrumentos a las instituciones, por supuesto, para que se cumpla con una función que es constitucional también.
En realidad, esta circunstancia atañe a grandes contribuyentes que han encontrado en la actual ley ciertos resquicios que les permiten alargar de manera indefinida los procedimientos de cobro. Entonces, lo que se trata es de que los cobros firmes ya tuvieron garantía de audiencia, ya tuvieron oportunidad de defenderse. Los cobros firmes, los créditos firmes ya se puedan ejecutar”, declaró.
Inzunza agregó que la reforma permitirá avanzar hacia la tramitación electrónica del juicio de amparo, lo que facilitará que ciudadanos puedan realizar procesos completos desde computadoras o teléfonos, ampliando el acceso a la justicia.
Finalmente, destacó que cualquier caso particular en la “zona gris” será resuelto por jueces y magistrados, respetando siempre los derechos adquiridos y la jurisprudencia vigente, reafirmando que la ley no favorece ni perjudica a nadie en lo individual, sino que busca un equilibrio entre el interés colectivo y los derechos de las personas.
