México, 4 de mayo de 2020.- Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP) informó que desde el 1 de mayo pasado a través del Órgano Interno de Control del IMSS se inició un expediente de investigación en torno a la venta de ventiladores para la atención de Covid-19 que hizo León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la delegación de ese instituto en Hidalgo.
En un escueto, comunicado afirmó que no sólo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que de ser necesario, se dará vista penal por lo que se espera la colaboración de las fiscalías general de la República y Especializada en Combate a la Corrupción.
Para la Función Pública @SFP_mx es una prioridad que las compras públicas en la contingencia además de legalidad tengan moralidad y se ajusten a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y Austeridad Republicana.https://t.co/BexdKx6IT3
— Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) May 4, 2020
Precisó, que durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS.
Refirió que ella misma giró un oficio al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad.
Sandoval Ballesteros manifestó que la Función Pública agradece las aportaciones de los medios de comunicación y de la sociedad en general que quiera participar, pues resultan importantes para el desarrollo de la investigación.
Aseguró que ante el esfuerzo que está realizando el gobierno de México para hacer más eficaz el gasto público, resulta necesario poner énfasis en que las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19 sean transparentes y se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.
Aseveró que en la actual contingencia para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana.