México, 1 de febrero de 2023.- El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el plan ‘B’ del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral.
📝 #BoletínINE | Presenta INE controversia constitucional en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. https://t.co/x0dnEVmiS8 pic.twitter.com/RcFqHyJh72
— @INEMexico (@INEMexico) February 2, 2023
La controversia se interpuso en contra la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fueron promulgadas en diciembre pasado.
Edmundo Jacobo Molina, en su carácter de secretario ejecutivo del INE, presentó la controversia constitucional.
A las 20:22 horas, la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió la controversia.
El INE explicó que en la controversia se detalla cómo estos cambios merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución mandata, pues es contraria a las restricciones constitucionales que siguen vigentes como el artículo 134, generando un desequilibrio en el modelo de comunicación social y perjudicando la equidad de la contienda, afectando así, que el Instituto ejerza su función para garantizar que se respete la ley.
“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”.