México, 25 de marzo de 2021.- Morena en el Senado propuso la inhabilitación por 20 años de los servidores públicos que posean directa o indirectamente bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.
Esto significar un combate total y frontal a las prácticas de desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo.
Nestora Salgado, presentó una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El objetivo de la reforma es impedir que servidoras o servidores públicos utilicen los paraísos fiscales.
En la exposición de motivos de su iniciativa, la legisladora por Guerrero, recuerda que los paraísos fiscales ofrecen no solamente ventajas fiscales, sino también ofertas complementarias, tales como:
Opacidad (confidencialidad de la identidad del operador, limitación de la responsabilidad de los operadores y menor reglamentación para la sociedad comerciales) y, ocultamiento de las operaciones.
Según la senadora en el mundo están identificados 92 paraísos fiscales. Los más conocidos son:
Bermudas, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar, Granada, Hong Kong, Bahréin, Kuwait, Qatar, Isla Caimán, Islas Canarias, Macao, Principado de Andorra, Principado de Mónaco, Panamá y San Marino.
Cálculo de la riqueza estacionada en los paraísos fiscales la sitúan en 7.6 billones de dólares.
Las pérdidas tributarias anuales por impuestos personales a nivel global, llegan aproximadamente a 189 mil millones de dólares, de los cuales 21 mil millones corresponden a pérdida de contribuyentes latinoamericanos.
Recuerda que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a 87 contribuyentes mexicanos –personas físicas y morales- que están en los registros de los Paradise Papers.
Señala que erradicar la corrupción en el sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso.
Con este propósito se pondrán en juego todas las acciones legales, a fin de asegurar que ninguna servidora o servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea el nivel que sea.