México, 22 de junio de 2020.- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional emitida por la Secretaría de Energía, porque viola los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política y afecta el mandato constitucional e invade la esfera competencial del órgano antimonopolios.
La Cofece consideró que esta política es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.
Además, de que afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector.
Compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica.
A juicio del organismo antimonopolios, dicha política incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico, ya que con la entrada en vigor de la medida dejan de existir los elementos básicos para que este funcione en condiciones de competencia.
Mediante la presentación de la controversia constitucional, la Cofece solicita a la Corte pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un mercado, en perjuicio del mandato que corresponde tutelar a la Comisión Federal de Competencia y del bienestar de los consumidores.