México, 17 de octubre.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso importante en la consolidación de la seguridad pública al enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión, que establece penas de seis a 15 años de prisión, con agravantes específicos que aumentan las sanciones.
Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, destacó que la medida forma parte de la Estrategia Integral de Seguridad Pública, que desde el inicio de la administración se centra en atender las causas del delito, fortalecer la inteligencia y la investigación, garantizar el respeto a los derechos humanos y consolidar las instituciones de seguridad y justicia.
La iniciativa fue elaborada por una mesa técnica con participación de diversas dependencias del gobierno federal y contempla:
• Coordinación interinstitucional entre autoridades locales y federales para unificar criterios en la persecución del delito.
• Persecución de oficio del delito de extorsión, de manera que no dependa de la presentación de denuncias por parte de las víctimas.
• Penas de seis a 15 años de prisión, que se determinan según una serie de agravantes, como:
• Cobro de piso o extorsión reiterada.
• Víctimas menores de edad o personas migrantes.
• Participación de servidores públicos en el delito.
• Comisiones desde centros penitenciarios.Además, la iniciativa incluye reformas al Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el objetivo de armonizar la legislación a nivel federal y permitir que los bienes obtenidos mediante extorsión puedan ser sujetos a extinción de dominio.
Godoy subrayó que esta propuesta eleva a ley la estrategia que ya se ha implementado y que ha mostrado resultados positivos, al tiempo que refuerza la capacidad del Estado para enfrentar uno de los delitos que más afecta a la sociedad mexicana.
La consejera recordó a la ciudadanía que para denunciar extorsiones está disponible el número 089, que ha sido difundido en todo el país.
La iniciativa busca que en todas las entidades federativas el delito de extorsión cuente con elementos uniformes de investigación y sanción, evitando disparidades legales entre estados y fortaleciendo la protección de grupos vulnerables.
“Se requiere una intervención reforzada y coordinada de todas las instituciones del Estado mexicano para erradicar este fenómeno delictivo”, afirmó Godoy.
Con estas reformas, el gobierno federal espera desalentar la extorsión y aumentar la efectividad de las sanciones, enviando un mensaje claro de que este delito será perseguido con todo el peso de la ley y que las víctimas recibirán protección y acceso a la justicia.
