México, 20 de enero de 2022.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 7 órdenes de aprehensión, entre ellas, para conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por su posible responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes
Tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional”, señaló la FGR en una tarjeta informativa.
La dependencia recordó que en noviembre de 2019, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició una carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas por su posible participación en estos delitos.
Detalló que posiblemente las personas físicas y morales se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal, bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.
Abundó que para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraron diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet.
Estos actos encubrieron operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban, todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.
“La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G”, que operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales”.
La FGR resaltó que el otro grupo, integrado por servidores públicos, fue el que facilitó ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
Indicó que cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.
La FGR refirió que en el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.
Calificó como fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.
“Sobre la participación de Gabriel “M”, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas. El caso se seguirá investigando”.