México, 17 de mayo de 2020.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, detalló que el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad se orientará a salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos.
Afirmó que el decreto promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, no les otorga facultades extraordinarias, sino regula y delimita plenamente su actuación.
Dijo que este decreto establece las funciones únicas y excepcionales que llevarán a cabo el Ejército y la Mariana en plena observancia y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
El presidente de la Junta de Coordinación Política aseguró que este acuerdo tiene el objetivo de disponer, durante cinco años de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, subordinada y complementaria, como lo establece la Constitución y el decreto por el que se creó la Guardia Nacional.
Informó que la fiscalización, regulación y subordinación con transparencia y legalidad del Ejército no se realizaba en el pasado, ya que se utilizaba a las Fuerzas Armadas en estas tareas sin una orden que así lo mandatara, es decir, el titular del Poder Ejecutivo ejercía su facultad discrecionalmente.
Monreal Ávila afirmó que quienes alertan que se otorgarán facultades exclusivas a las Fuerzas Armadas, lo hacen “desde la retórica de lo que se hacía en el pasado”, lo que dio pie a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionara al Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos.
Refrendó el compromiso del Senado de vigilar la actuación de dichas instituciones, en los términos que dispone la Constitución y la ley.
“Hoy se tiene un marco constitucional y jurídico claro, y un ejercicio de funciones y facultades transparentes y apegadas a derecho”, puntualizó.
Además, recordó que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de incluir un apartado sobre el uso de las fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en la presentación del informe anual sobre las actividades de la Guardia Nacional, el cual deberá ser analizado y aprobado por el Senado.
Precisó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es la responsable de formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como, los programas, políticas y acciones en la materia.
“Esta adecuación es de suma relevancia dado que deja en claro el carácter estrictamente civil de la nueva institución policial en la Constitución”, apuntó.
La Carta Magna establece que, en caso de detenciones, “se deberá poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora, a personas y bienes en los casos en que, por motivo de sus funciones, practique alguna detención o lleve a cabo algún aseguramiento de bienes, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales que resulten aplicables”.
Consideró que esta disposición reafirma el objetivo de transparentar y regular la actuación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública.
Además, añadió, su actuación estará subordinada a la institución civil, es decir, se coordinarán con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para complementar las funciones de la Guardia Nacional.