México, 22 de mayo de 2020.- Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPPC), afirmó que el decreto promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que las Fuerzas Armadas participen hasta marzo de 2024 en tareas de seguridad pública, no implica la militarización del país, ni un cambio en la estrategia del gobierno en materia de combate a la inseguridad y, si representa una regulación de las obligaciones que tienen el Ejército y la Marina en estas acciones.
Durazo Montaño explicó que este decreto no es un acto nuevo, ni exclusivo del Ejecutivo Federal, sino instrumento jurídico adicional que le da mayor funcionalidad a al marco jurídico que norma la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Insistió que el acuerdo lo que hace es sólo regular las obligaciones que tienen el Ejército y la Marina, entre ellas, poner a disposición de manera inmediata a personas y bienes en casos de aseguramientos; efectuar las detenciones conforme lo establece la Constitución y realizar el registro inmediato de las detenciones, entre otras.
El funcionario aclaró que este decreto no otorga facultades de investigación a las Fuerzas Armadas, respetando así el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tampoco significa un cambio en la estrategia de seguridad.
“No implica un cambio en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. (…) En el diagnóstico de la Estrategia se contempla ya la necesidad de la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. (…) El acuerdo no implica darle más atribuciones al Ejército en materia de seguridad pública, al contrario limita las facultades que de manera general le otorga el artículo quinto transitorio, (…) que de acuerdo con la Constitución implicaría todas aquellas labores de prevención, investigación y persecución de delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. (…) Que el acuerdo permite al Ejército ejercer, únicamente, doce de las facultades que tiene la Guardia Nacional”.
Hizo hincapié que con este acuerdo a las Fuerzas Armadas, únicamente, se les atribuyen facultades que complementan sus capacidades operativas y el uso de la fuerza legítima en el combate a la delincuencia.
Afirmó que la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, ha ido disminuyendo de forma gradual.
Refirió que en julio de 2019, había 15 mil 375 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y 615 de la Secretaría de Marina apoyando a la Guardia Nacional y a mayo de este año sólo hay 1,920 soldados y 225 marinos.
Consecuencia, dijo, de que la Guardia Nacional ha ido avanzando puntualmente en su programa de reclutamiento, con lo que rechazó que este decreto pretenda la militarización del país.
“Por eso es una contradicción hablar de militarización, cuando el número va a la baja y las atribuciones que tiene el Ejército como coadyuvante, también están muy acotadas. (…) Esta administración siempre ha sido transparente respecto al apoyo que están brindando las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional”.
Alfonso Durazo, informó que a la fecha la Guardia Nacional tiene una fuerza de tarea de 90 mil efectivos, porque aún no se consolidan a plenitud sus capacidades operativas y su implementación en todo el territorio nacional.
La meta, señaló, es que al concluir 2021 la Guardia Nacional cuente ya con 150 mil elementos desplegados en el país y con 200 mil en 2024.
El secretario de Seguridad Pública se reunió este viernes de forma virtual con la Junta de Coordinación Política del Senado, que encabeza el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.