México, 2 de marzo de 2021.- Este martes, la empresa minera de origen canadiense First Majestic, anunció que presentó una solicitud de arbitraje internacional bajo las reglas del T-MEC contra el gobierno de México, en relación con sus inversiones en el país.
First Majestic reclama “acciones y omisiones realizadas por el gobierno de México y sus dependencias gubernamentales”, que contravienen el Capítulo 11 del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá y lo dispuesto en principios del derecho internacional aplicable.
La minera afirma que con estas medidas el gobierno de México está poniendo en riesgo sus inversiones en México.
Refiere que estas acciones y omisiones están relacionadas con incautaciones, embargos, congelamiento de cuentas, revocación de licencias en el sector minero, confiscaciones de otros activos de Primero México (subsidiaria de First Majestic), no obstante que existen procedimientos judiciales pendientes de resolución en México, contraviniendo la Constitución Política y las leyes aplicables en el país.
Estas acciones también contravienen los artículos 9 y 23 del Tratado Fiscal México-Canadá y los artículos 9 y 26 y 9 y 25 del Tratado Fiscal Barbados-México y del Tratado Fiscal Luxemburgo-México, respectivamente, por los cuales se prohíbe a México tomar tales medidas.
La minera acusa que las medidas que ha tomado el gobierno de México equivalen a una denegación de la justicia, en virtud de una falta de remedios legales adecuados y efectivos en las leyes mexicanas para resolver el conflicto, el desconocimiento por parte del gobierno de México de la Constitución Política y las leyes mexicanas, las decisiones judiciales tomadas en México y, por el hecho de que el gobierno de México no proporcionó compensación alguna a Primero México y a First Majestic por las pérdidas que ha sufrido y sigue sufriendo.
Las medidas además de ser ilegales de conformidad con la ley mexicana y el derecho internacional, son irrazonables, arbitrarias, discriminatorias y sin precedentes.
Asevera que tales acciones y amenazas ilegales han puesto y están poniendo en riesgo el empleo y el sustento de miles de empleados de Primero México.