México, 20 de julio.- Con recursos de trabajadores que cotizan en el IMSS, el gobierno federal ha financiado la construcción de departamentos de lujo con un valor superior a los 17 millones de pesos, denunciaron senadores del PRI.
El caso más escandaloso, señalaron, es el del fondo inmobiliario Be Grand CKD17, que recibió mil 913 millones de pesos provenientes del ahorro pensionario entre 2018 y 2023.
“Una persona con el salario promedio del IMSS —622.86 pesos diarios— necesitaría 78.85 años de trabajo ininterrumpido, sin gastar un solo peso, para poder adquirir uno de estos departamentos”, advirtieron legisladores del PRI durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
A través de un punto de acuerdo, el grupo parlamentario del PRI acusó que el dinero de las Afores está siendo desviado hacia proyectos inmobiliarios dirigidos a sectores privilegiados, dejando de lado su finalidad social. “Se ha producido un fenómeno en el que el derecho a una vivienda digna se ha transformado en una mercancía especulativa al servicio del capital financiero”, indicaron.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en 2024 se invirtieron más de 114 mil 200 millones de pesos en instrumentos estructurados como CKD y Cerpi.
De los 37 fondos inmobiliarios financiados con Afores ese año, solo uno se destinó a vivienda social. El resto fue canalizado a desarrollos residenciales de alto valor, turísticos y comerciales, entre ellos Mítikah, The Harbor Mérida, The Ritz-Carlton Ciudad de México y complejos de Fibra Uno.
“Los trabajadores están financiando un mercado inmobiliario del cual están completamente excluidos. El 80% no gana lo suficiente ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para aspirar a una vivienda digna sin endeudarse de forma desproporcionada”, enfatizó el PRI.
El grupo parlamentario recordó que fue el Revolucionario Institucional quien sentó las bases del sistema de seguridad social en México, y exigió al Ejecutivo federal, al Infonavit y a la CONSAR reorientar de forma inmediata el destino de las inversiones del ahorro pensionario.
“No se trata de limitar la rentabilidad del sistema financiero, sino de alinear sus objetivos con los derechos de los trabajadores. El Estado tiene la obligación de garantizar un retiro digno y el acceso a una vivienda adecuada”, concluyeron.
