México, 12 de diciembre.- La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra María Amparo Casar Pérez, presidenta de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con el cobro de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con fuentes federales, la académica y analista política fue citada para el próximo martes a comparecer ante la jueza Diana Selene Medina Hernández, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde la FGR formulará imputación formal en su contra.
La investigación es encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que decidió judicializar el caso más de un año después de iniciadas las indagatorias, al considerar que existen elementos suficientes para llevar el expediente ante un juez federal.
El caso se remonta a 2005, cuando Casar Pérez comenzó a recibir una pensión vitalicia por parte de Pemex, tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien se desempeñó como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración de la empresa productiva del Estado.
Sin embargo, Pemex denunció en 2024 que la pensión habría sido obtenida de manera indebida, al sostener que la muerte de Márquez Padilla no ocurrió como consecuencia de un accidente de trabajo, sino por suicidio, lo que, a criterio de la petrolera, invalida el derecho al beneficio post-mortem.
Además, la empresa argumentó que el exfuncionario sólo laboró 129 días, del 1 de junio al 7 de octubre de 2004, un periodo que, según Pemex, no cumpliría con los requisitos para generar una pensión vitalicia en favor de su cónyuge.
Con base en estos señalamientos, Pemex —entonces bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza— suspendió en marzo del año pasado el pago de la pensión, al considerarlo un cobro indebido, lo que derivó en una disputa legal.
Ante la suspensión, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo, en el cual se resolvió que el patrón no puede suspender de manera unilateral el pago de una pensión una vez que el derecho a recibirla ha sido reconocido y activado, criterio que permitió la restitución del beneficio mientras se resolvía el fondo del asunto.
Ahora, con la judicialización del caso, corresponderá al Poder Judicial determinar si existió o no un uso ilícito de atribuciones y facultades en la obtención y mantenimiento de la pensión, así como las posibles responsabilidades penales de la presidenta de MCCI.
