Puebla, 24 de mayo de 2020.- Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, se hizo del control de los colegios privados, de todos los niveles, en la entidad.
La nueva Ley de Educación, aprobada ‘fast track’, establece políticas más duras al incorporar sus inmuebles al Sistema Educativo Estatal, además de sanciones por 440 mil pesos ante posibles actos arbitrarios, como la retención de documentos y la negativa de brindar educación.
La norma ha generado rechazo por parte de instituciones y asociaciones del ramo, además de partidos políticos, que anunciaron un combate jurídico contra la ley aprobada el pasado 15 de mayo por la mayoría de los diputados de Juntos Haremos Historia, sin previo análisis o sin tomar la opinión de universidades ni escuelas privadas.
El rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin, dijo que tanto el Consorcio Universitario y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior analizan las acciones a seguir, pues acudieron a proponer, pero no fueron escuchados.
Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, consideró que la nueva ley es un ataque al sistema privado de educación, pues tiene un “espíritu intervencionista”.
Partidos como el PRI y el PAN en la entidad advirtieron que llevarán a la Corte la impugnación a la ley.
Dentro de los 155 artículos que incluye esta normativa, está el 105, que establece que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal, aunque la norma no especifica con claridad qué representa este hecho.
Se buscó a las autoridades de la Secretaría de Educación de Puebla para conocer su opinión al respecto, pero no hubo respuesta.
Y es que Barbosa ha argumentado que la ley defiende la educación, pues ésta “no es un negocio, no debe ser un negocio y nunca ser utilizada para lo que se utilizó en otros tiempos: las estafas maestras”.
Además, la norma permite investigar aumentos en las cuotas particulares, prohíbe que se condicione la compra de uniformes y materiales y las instituciones tendrían que colaborar en esquemas de fiscalización que podrán ser autorizados por la SEP cuando un padre de familia lo solicite.
Aplica sanciones desde los 440 mil pesos y hasta los 870 mil si las escuelas privadas reinciden.
La Federación para la Defensa de Escuelas Particulares analiza promover un juicio de amparo para las 25 instituciones afiliadas, expresó el coordinador jurídico, Jesús González, quien agregó que el plazo para ejecutar esta acción vence el 30 de junio, ya que los tribunales aún permanecen cerrados. (Con información de El Heraldo de México)