México, 20 de octubre de 2022.- La oposición en el Senado criticó el otorgamiento de la Licencia Única Universal a las empresas productoras y distribuidoras -que firmaron el 3 de octubre pasado con el gobierno federal el Acuerdo Complementario al Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC)-, que las exime de todo trámite o permiso para importar y distribuir alimentos, incluidos los del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica), porque la medida afectará a los productores nacionales y, posiblemente la imagen del país como gran exportador de mercancías.
Sin embargo, Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura, rechazó que la dependencia a su cargo y el Senasica, estén abandonando su responsabilidad de proteger la sanidad agropecuaria y la salud de la población.
El funcionario compareció ante la Comisión de Agricultura del Senado, como parte de la Glosa del 4º Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo Federal.
En este escenario, Antonio García Conejo, senador del PRD, recordó que este jueves entraron en vigor las medidas de eliminación de aranceles para la importación de alimentos, así como las facilidades en temas fitosanitarios y de inocuidad.
Aseveró que, con el otorgamiento de esta Licencia Única Universal los más afectados serán los productores nacionales.
“Cómo es que los inscritos en el padrón de importadores cumplirán los protocolos sanitarios, que salvaguardan a México? Y si ¿esto pondría en riesgo?, desde mi punto de vista, sí, ¿pone en grave riesgo nuestro reconocimiento a nivel internacional? ¿Por qué no mejor dan incentivos?, en lugar de darles todas las facilidades a estas empresas que, bajo protesta de decir verdad, se va a prestar a la importación de alimentos, sí, pero va a perjudicar severamente a los productores nacionales”.
La senadora del PRI y ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Beatriz Paredes, también cuestionó que el gobierno les dé un “trato preferencial” a estas empresas con el supuesto propósito de reducir la inflación en el país.
“Esta decisión no ponga en riesgo al conjunto, si pone en riesgo al conjunto, de hecho, el diseño inicial se pone en crisis. ¿Por qué creemos que pone en riesgo al conjunto?, por el tema fitosanitario y zoosanitario. Necesitamos tener la certidumbre de que las importaciones que se realicen correspondan a los parámetros exigibles, no sólo por México, sino en cualquier espacio en donde concursen nuestros productos en el exterior”.
El titular de la Secretaría de Agricultura defendió esta decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues recordó que toda economía mundial “experimenta este proceso inflacionario tanto en economías avanzadas, como aquellas en desarrollo”.
Sostuvo que el entorno internacional ha distado mucho de mejorar y el gobierno federal nuevamente con el apoyo del sector privado redobló el esfuerzo para reducir en 8 por ciento el precio de la canasta básica en un periodo de seis meses, es decir, de 1,130 pesos a 1040 mediante la flexibilización de la importación de los productos que la contienen.
Recordó que la idea es incrementar la oferta de alimentos, por lo que se otorga a las empresas importadoras de productos de la canasta básica una Licencia Única Universal, para facilitar la importación y distribución de alimentos e insumos y así contener su esfuerzo inflacionario.
“Además de recordar que la medida es temporal y limitada, hay que aclarar que ni la Sader ni el Senesica están abandonando su responsabilidad de proteger la sanidad agropecuaria y la salud de la población. En este sentido hemos dispuesto lo necesario para que las empresas inscritas en el padrón cumplan con los requisitos, que fortalezcamos las medidas de vigilancia y alerta en todo el territorio nacional”.
Dijo que esta medida es clave para entender el fondo del acuerdo, pues se les confía a estas empresas una corresponsabilidad de asegurar que las mercancías que comercien cumplan con las normas sanitarias, de inocuidad y de calidad.
También, estas empresas quedan exentas de las inspecciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como del Impuesto General de Importación.
La panista Xóchitl Gálvez exigió que se aplique la ley y se castigue a los responsables en el desvío millonario en la empresa Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
“Hoy, Segalmex es la ‘Estafa Maestra’ de la 4T, el primer director de Segalmex, Ignacio Ovalle fue un distinguido priísta, (…) parece que este personaje resultó todo un bandido. (…) Qué tranquilidad que diga el presidente que ya se recuperó el dinero, ¡bola de bandidos! Señor secretario estamos hablando de un monto total de 9 mil 500 millones de pesos. (…) Pero, robarle a los pobres, es no temer ¡madre!, basta de tanta corrupción. (…) Investiguen, castiguen, metan a la cárcel a los corruptos, ustedes lo prometieron”.
Víctor Villalobos aseveró que en Segalmex no se permitirá que haya este fraude ni abuso ni que se desvíen recursos para otros fines.
Recordó que hoy día “hemos llegado a llevar 53 expedientes de exservidores y servidores públicos presuntamente involucrados en denuncias ante este ilícito, 29 de los cuales son ex servidores y servidores públicos y 24 son proveedores”.
Pidió a las autoridades correspondientes acelerar este proceso, porque “sentimos que es lento” para que estas personas paguen por estos ilícitos.