México, 30 de octubre de 2022.- La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales, tendría un costo superior a los 8 mil millones de pesos que, contrasta con el principio de austeridad que busca su gobierno con su iniciativa de reforma electoral.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado titulado “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, reconoce que la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal ofrece ventajas, como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política.
Sin embargo, la propuesta de elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales también implica costos y riesgos que no deben perderse de vista en el proceso de deliberación legislativa.
Particularmente, en un contexto de hegemonía partidista como el que se ha configurado en nuestro país luego de la tercera alternancia de 2018, la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno es muy alta, lo que convertiría nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo Federal.
Asimismo, advierte que transformar tan radicalmente uno de los principales componentes del sistema electoral mexicano, podría poner en riesgo la estabilidad política y social del país, en la medida en que se haría parte de la lucha por el poder a las autoridades encargadas de aplicar las normas y resolver las diferencias entre las fuerzas políticas.
Da cuenta que otro de los riesgos de convertir a los árbitros en jugadores, es que la observación, aplicación y sanción de las normas electorales dejaría de ser un asunto técnico y legal, para transformarse en una cuestión de popularidad sujeta a los humores y vaivenes de la competencia política.
De acuerdo con el estudio, uno de los mayores logros de la transición democrática en México fue que la función electoral dejara de ser una tarea del gobierno para convertirse en una auténtica labor del Estado, lo cual pudo ser posible gracias a la autonomía, ciudadanización y profesionalización de las autoridades electorales.