México, 9 de septiembre.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 474 votos a favor, la reforma al artículo 73 de la Constitución, con la cual se faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
De acuerdo con el texto aprobado, tanto la Cámara de Diputados como el Senado deberán expedir dicha ley en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor.
Durante la discusión en San Lázaro, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la urgencia de contar con un marco normativo uniforme para enfrentar este delito, que se ha incrementado en los últimos años en distintas regiones del país.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández García, destacó que en la construcción de la legislación secundaria se debe incluir la voz de víctimas, académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Esta legislación secundaria tiene que homologar las penas, generar una política contra la criminalidad de manera unificada que atienda la gravedad, que logre una justa punibilidad sobre el delito de extorsión, que atienda las causas por las que se ha originado y crecido tanto, previniéndonos no solo con herramientas jurídicas necesarias, sino con acciones muy concretas para las diferentes modalidades, y también tenemos que ser respetuosos de los Derechos Humanos”, expresó.
Por su parte, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, subrayó que entre 2019 y 2024 el promedio anual de carpetas de investigación por extorsión ascendió a 9 mil 407, lo que representa un aumento del 46.1% respecto a sexenios anteriores.
“Si comparamos los primeros 10 meses de las recientes administraciones, la cifra de extorsiones ha crecido de forma exponencial.
Con la presidenta Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 021 casos, una cifra abrumadora si la contrastamos con los 7 mil 249 de López Obrador, los 6 mil 792 de Peña Nieto y los 2 mil 599 de Felipe Calderón”, puntualizó.
En tanto, el priista Alejandro Domínguez advirtió que la futura ley debe ir acompañada de recursos específicos y etiquetados, pues de lo contrario se corre el riesgo de que se convierta en “letra muerta”.
“También es indispensable establecer un marco jurídico uniforme, ya que la disparidad entre entidades federativas es evidente: mientras en Oaxaca o Yucatán las penas mínimas para este delito son de 1 a 3 años, en Chihuahua las penalidades llegan hasta 30 años de cárcel”, señaló.
A su vez, la diputada del PT, Lilia Aguilar, advirtió que el 96% de los casos de extorsión en el país no se denuncian, lo que refleja la magnitud de la cifra negra en este delito.
Con esta reforma constitucional, el Congreso tendrá la obligación de emitir un marco legal nacional que unifique criterios, sanciones y mecanismos de prevención contra la extorsión, considerado uno de los crímenes de mayor impacto social en México.
