México, 13 de noviembre de 2020 (AP).— Las autoridades mexicanas detuvieron al capitán José Martínez Crespo, el primer militar arrestado por sus vínculos con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en 2014 y cuyo paradero aún se desconoce.
Un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer comentarios públicos sobre la investigación confirmó el viernes a The Associated Press la reciente captura de Crespo y dijo que los representantes de los familiares de los 43 jóvenes ya habían sido informados.
No ofreció detalles sobre los cargos de los que se lo acusa pero el 26 de septiembre la fiscalía mexicana informó la emisión de 25 órdenes de detención contra presuntos autores materiales e intelectuales de la desaparición de los estudiantes entre los que, por primera vez, había policías federales y militares. Estas dos fuerzas habían quedado afuera del foco de la justicia durante años.
Crespo era uno de los militares al mando en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando policías locales capturaron a los estudiantes en esa localidad, con la participación de otras fuerzas de seguridad y delincuentes. Luego los desaparecieron.
Una investigación de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había denunciado que miembros de batallón instalado en Iguala habían estado en lugares clave y debían ser investigados por su posible participación por acción u omisión, pero sólo recientemente se emitieron las órdenes de captura contra algunos de ellos.
La falta de certezas sobre el paradero de los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa ha mantenido a las familias en la desesperación, pero la orden de arresto de militares tiene una gran carga simbólica porque ha sido una demanda de los padres desde hace años.
“Los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad” frente a la “manipulación” y el “encubrimiento generalizado” realizados por la administración anterior, afirmó el fiscal general Alejandro Gertz Manero en un mensaje en video cuando se cumplieron seis años de uno de los crímenes que más ha conmocionado a México.
El gobierno anterior aseguró que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y tiró los restos a un río cercano. Pero esta versión quedó descartada, entre otras cosas, porque la supuesta prueba de cargo, el fragmento de un hueso de uno de los estudiantes encontrado en el río, fue “un montaje”, según la fiscalía, y porque el resto de otro alumno identificado en julio se halló en un lugar distinto del basurero.