México, 13 de marzo de 2024.- El juez Daniel Ramírez de la Peña, del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de México, determinó no vincular a proceso a 7 empresarios y ex funcionarios del Estado de México, entre ellos, José Andrés de Oteyza Fernández, ex presidente del Consejo de Administración de OHL y Ernesto Javier Nemer Álvarez, ex secretario de Gobierno del Estado de México, debido a la falta de elementos para procesarlos por el caso del Viaducto Bicentenario.
En la audiencia de imputación, el juzgador determinó también desechar la causa penal iniciada por la Fiscalía General de la República por los delitos de asociación delictuosa, usurpación de funciones y explotación de un bien de la nación.
Al respecto y en un comunicado la FGR informó que recurrirá a todos los recursos legales a los que tiene derecho por la presunta explotación ilegal del Viaducto Bicentenario por medio de una concesión.
La FGR argumentó que nunca el gobierno del Estado de México obtuvo concesión federal para poder disponer del dominio de una vía de comunicación federal, propiedad de la nación.
«La concesión que el Estado de México le otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en el año de 2008, fue absolutamente ilegal y, por lo tanto, nula; cometiéndose el delito de Explotación de un bien de la Nación, sancionado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales».
Añadió: “Ese acto delictivo le permitió a un particular, el saqueo de más de 8 mil millones de pesos por dicha explotación ilegal, correspondiéndole el 99.5% de los ingresos totales, de esa vía federal; compartiendo con el Gobierno del Estado de México 42 millones de pesos, equivalente al 0.5%; sin que la Federación haya recibido, en estos quince años, ni un solo centavo por la explotación de un bien propiedad de la Nación”.
Recordó que desde agosto de 2011 y, nuevamente en marzo de 2020, la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes), denunció esta ilegalidad y la presunción del delito federal correspondiente.
La Fiscalía señaló que no se trata de un caso administrativo, ni civil, debido a que está penado específicamente como delito.