México, 8 de junio de 2023.- La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone en riesgo la democracia y el equilibrio entre poderes con su decisión de invalidar la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.
En un comunicado, la CJEF señaló que al declarar la inconstitucionalidad de la ley por presuntos vicios de procedimiento, el máximo tribunal sustituye indebidamente al Poder Legislativo.
La Corte, señaló la Consejería, debe respetar los procedimientos internos del Poder Legislativo, así como el Ejecutivo y este lo hacen con el Poder Judicial.
De lo contrario, los contrapesos se convierten en instrumentos autoritarios que rompen el equilibrio entre poderes establecidos en la Constitución.
“De continuar con este actuar, la Corte pone en riesgo la democracia y crea una situación de incertidumbre jurídica que impide el funcionamiento eficaz de los otros poderes de la Unión, en detrimento del necesario equilibrio de poderes que debe regir a todo Estado democrático constitucional”, acusó.
La Corte invalidó el decreto por el que se expidió la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, el cual entró en vigor el 3 de junio de 2021.
Con ocho votos a favor, el pleno de la Corte determinó que se cometieron múltiples violaciones a proceso legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Respecto al artículo 17 constitucional, agregó, la Corte falta a su deber de resolver sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas y declara su invalidez so pretexto de violaciones a formalismos procedimentales de carácter reglamentario.
“La ley que regula la vida interna del Congreso es la única que no puede ser vetada, esto se debe a que son representantes electos, lo que implica que es un poder que no puede ser invadido en su vida interna”, especificó.
En tanto, viola el artículo 49 constitucional al atribuirse funciones exclusivas del Poder Legislativo y descalificar reglas de funcionamiento internas que autónomamente se ha dado el Congreso de la Unión, cuya interpretación y aplicación solo corresponde a éste, conforme a los artículos 70 y 77 constitucionales.