México, 12 de febrero.- El senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, advirtió que la figura de los llamados “jueces sin rostro” representa una de las discusiones más delicadas de la reforma judicial y podría contravenir los estándares internacionales de derechos humanos si se legisla sin controles estrictos y sin un análisis profundo.
En entrevista, Corral sostuvo que, aunque la identidad reservada de juzgadores ha sido considerada necesaria en contextos excepcionales, su implementación implica riesgos graves para el debido proceso, en particular para el derecho de las personas a ser juzgadas por un juez competente, independiente e imparcial, como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Es una figura que puede ser delicada y riesgosa si no se regula con el mayor cuidado, con controles efectivos, con una motivación reforzada y con sistemas de supervisión y evaluación que aseguren algo fundamental: su temporalidad”, subrayó.
El legislador recordó que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a conocer y enfrentar a su juez, lo que abre un debate de fondo sobre la constitucionalidad y convencionalidad de la figura de identidad reservada.
Incluso, reconoció que existen posturas que plantean suprimirla de la Constitución, una opinión con la que dijo coincidir a título personal, aunque aclaró que la decisión corresponde al Senado en su conjunto y al grupo parlamentario de Morena.
“Hay quienes sostienen que este estándar de convencionalidad imposibilita la existencia de jueces con identidad reservada, porque ¿cómo se garantiza la imparcialidad de un juez cuya identidad se desconoce?”, planteó.
No obstante, ante el hecho de que la figura ya está incorporada a la Constitución como parte de la reforma judicial, Corral consideró que el reto inmediato es hacerla verdaderamente excepcional, limitada únicamente a casos de delincuencia organizada y cuando se acredite un riesgo grave, actual y directo, como última medida extraordinaria.
Uno de los puntos centrales del posicionamiento del senador fue la necesidad de revisar primero la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal, la cual ya contempla mecanismos de protección no sólo para víctimas y testigos, sino también para fiscales, policías, peritos y operadores del sistema de justicia.
Corral advirtió que el problema no es la ausencia de normas, sino su aplicación deficiente y desigual, especialmente entre las entidades federativas.
“Tenemos una legislación que no se está aplicando como es debido. Antes de crear nuevas figuras, debemos evaluarla, reformarla, fortalecerla y, sobre todo, echarla a andar”, afirmó.
Aunque reconoció que la regulación de los jueces sin rostro forma parte de las prioridades legislativas de Morena para este periodo ordinario, Corral insistió en que no debe aprobarse con prisa ni mediante procesos acelerados.
“Aquí no valen las prisas cuando se trata de temas que tocan centralmente el sistema de los derechos humanos”, enfatizó.
En ese sentido, reiteró que la Comisión de Justicia impulsará un Parlamento Abierto, con la participación de especialistas, académicos y organizaciones, para conocer experiencias internacionales y recomendaciones de organismos multilaterales.
“Lo que no puede hacer el Senado es legislar una figura que vaya en contra del estándar de convencionalidad”, advirtió.
Más allá del debate sobre los jueces sin rostro, Corral abrió la puerta a una revisión integral de la Reforma Judicial antes de la elección del 50% restante de jueces prevista para 2027, ante los problemas detectados en su implementación en los estados.
El senador señaló que en diversas entidades federativas se han presentado casos de imposiciones y perfiles inadecuados, producto de procesos poco transparentes y sin criterios claros.
“En los estados, gobernadores y gobernadoras se despacharon con la cuchara grande y pusieron a quien quisieron. Hoy estamos pagando las consecuencias”, afirmó.
Entre los aspectos a corregir mencionó el fortalecimiento del perfil judicial, los comités de evaluación, los mecanismos de selección como las tómbolas, así como la incorporación de exámenes, carrera
