Quito, Ecuador, 29 de abril.- El gobierno de Ecuador contrademandó a México ante la Corte Penal Internacional (CPI) al considerar que el Estado mexicano, al mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, contravino el convenio que regula el asilo diplomático cuando otorgó este beneficio a Jorge Glas, exvicepresidente.
La contrademanda de Ecuador responde a una demanda inicial presentada por México ante La Haya en la que acusó al país andino de haber transgredido el carácter inviolable de las sedes diplomáticas al invadir su embajada en Quito el 5 de abril pasado, para detener a Glas, sobre quien pesaba una orden de captura y prisión preventiva.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador explicó que la contrademanda también denuncia una presunta interferencia en asuntos internos cuando en los días previos López Obrador relacionó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral del presidente Daniel Noboa sobre la candidata correísta Luisa González.
La demanda de Ecuador solicita a la Corte Internacional que declare que México “ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática, de conformidad con el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″.
Para el gobierno ecuatoriano, México también “ha incumplido sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes y de entregarlas a las autoridades locales competentes”, como figura en las convenciones de asilo diplomático y asilo político de 1954 y 1933, respectivamente.
Glas tenía una orden de prisión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción posteriores al fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).
Asimismo, el exvicepresidente tenía pendiente de terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos sentencias por cohecho y asociación ilícita, después de que en 2022 saliese de prisión gracias a una polémica resolución judicial de medidas cautelares.