México, 1 de octubre de 2020.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por 6 votos en pro y 5 en contra constitucional la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se realice una consulta popular, con el propósito de enjuiciar a sus antecesores que gobernaron el país de 1988 a 2018 por presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, el pleno se pronunció por reformular la pregunta que planteó el titular del Ejecutivo Federal para llevar a cabo este ejercicio de participación.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro-presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en contra del proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar de declarar inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México.
Afirmó que la “Suprema Corte no puede coartar el derecho de participación a la ligera”.
El ministro-presidente recordó que la consulta popular es instrumento democrático, de naturaleza política y es un derecho humano de la ciudadanía, que permite una mayor participación social y con ello mayor legitimidad del sistema político.
Aseveró que “vedar la posibilidad de que personas ejerzan su derecho a la participación política, es algo que no debemos hacer a la ligera”.
Manifestó su oposición al proyecto, porque parte de un precepto constitucional que no comparte.
Aclaró que los efectos de una consulta sobre la política criminal, no tendría efectos vinculantes para las autoridades investigadoras y judiciales.
Dijo que la materia de la consulta no está prohibida por la Constitución-
Tampoco, restringe derechos humanos o garantías.
“Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana, por temor a un escenario catastrófico de populismo penal”, sentenció.
Señaló que la consulta que se propone “no expone a nadie como culpable, tampoco hace a los expresidentes responsables, ni la ciudadanía los culpa” y, mucho menos los estigmatiza.
Luis María Aguilar, ministro ponente, defendió su proyecto de sentencia al reiterar que “la consulta por sí sola, se considera inconstitucional pues condiciona la eficacia y validez de los derechos humanos de la ciudadanía a lo que determine una consulta pública”.
Precisó que toda persona, como las autoridades del Estado mexicano, se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y con ello a que se lleven a cabo las investigaciones necesarias.
Mencionó que en sus términos, la consulta puede viciar los procesos penales en curso y los futuros, lo que puede imposibilitar que los jueces se pronuncien sobre los posibles delitos de los expresidentes.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se pronunció por reformular la pregunta de la consulta popular, al carecer de elementos de política criminal.
Reconoció que la materia de la consulta es constitucional.
La ministra Margarita Ríos Farjat, dijo que la Corte no puede frenar la participación ciudadana, como tampoco que la consulta establece que la sociedad deba determinar sanciones a los expresidentes.
La ministra Jazmín Esquivel, se pronunció en contra del proyecto y afirmó que es constitucional la materia de la consulta.
Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán, declaró que la materia de la consulta es viable, aunque ociosa e innecesaria desde el punto constitucional.
Aunque, se pronunció por modificar la consulta planteada, que no sea tendenciosa, emplee un lenguaje neutro y produzca una respuesta contundente.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuso la modificación de la pregunta, para que sea acorde con la petición de consulta popular.
Dijo que la consulta está apegada a la Constitución.
El ministro Jorge Pardo Rebolledo se manifestó a favor del proyecto. Pero, anunció que haría un voto concurrente porque no compartía algunas consideraciones del ministro Luis María Aguilar.
El ministro Javier Laynez, aseveró que la consulta es inconstitucional.
Señaló que la Corte no puede avalar una consulta que está en contra de ñps derechos humanos, no solo los expresidentes, sino de toda la población.
En su turno el ministro José Fernando Franco, anunció su voto a favor del proyecto.
La última participación fue de la ministra Norma Lucía Piña, afirmó que la consulta era inconstitucional, porque pone a las víctimas a elegir la impartición de justicia.