México, 17 de noviembre.- El Senado aprobará en comisiones un dictamen para endurecer las sanciones por extorsión con una pena máxima de hasta 41.6 años de prisión.
La propuesta que será discutida este martes por las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera, y el miércoles por el pleno, forma parte de los esfuerzos del Congreso para combatir uno de los delitos de mayor impacto económico y social, asociado tanto a estructuras criminales como a prácticas extendidas de cobro de piso, extorsión telefónica y amenazas contra comercios, transportistas y familias.
Las comisiones concluyeron la elaboración del proyecto de dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que incorpora cambios de fondo respecto a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 29 de octubre.
La modificación central consiste en elevar el tipo penal básico de 25 años de prisión a 41.6 años en los casos más graves.
De acuerdo con el documento circulado entre las comisiones dictaminadoras, el objetivo es fijar estándares uniformes para todo el país y cerrar los espacios legales que han permitido la operación de bandas dedicadas a este ilícito, tanto en calle como desde centros penitenciarios.
El proyecto establece que las penas aumentarán significativamente cuando la extorsión se cometa con violencia, cuando se realice a través de amenazas que pongan en riesgo la vida o cuando el delito sea perpetrado desde un centro de reclusión, una modalidad que se ha convertido en una de las principales fuentes de operación de grupos criminales.
La iniciativa busca que las entidades federativas armonicen sus legislaciones para evitar que la extorsión continúe siendo un delito con altos niveles de impunidad y sanciones dispares.
El proyecto también contempla mecanismos para mejorar las investigaciones, fortalecer la coordinación entre fiscalías y garantizar la atención a víctimas.
El dictamen está en condición de discutirse en comisiones para posteriormente pasar al pleno del Senado, donde se prevé que reciba amplio respaldo debido al consenso generado en torno a la urgencia de frenar este delito, que afecta a comercios, empresas, transportistas y ciudadanos en todo el país.