México, 18 de noviembre.- Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron esta noche por unanimidad de votos el dictamen que expide la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, ordenamiento que por primera vez establecerá penas homologadas en todo el país y que convierte la extorsión en un delito que se perseguirá de oficio.
El proyecto incorpora diversos cambios a 15 artículos y un artículo transitorio, y constituye el marco jurídico más severo en la historia del país para combatir esta práctica delictiva, que afecta desde comercios y transportistas hasta familias y comunidades completas.
La nueva legislación busca frenar modalidades como los llamados montachoques, el cobro de derecho de piso por parte de células criminales, la extorsión telefónica desde cárceles, así como los abusos cometidos por supuestos o auténticos policías que exigen pagos ilegales.
El dictamen fija en el artículo 15 una sanción general de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 UMA, reemplazando los castigos dispares que actualmente van de 1 a 30 años en los distintos códigos penales estatales.
La ley define la extorsión como el acto de obligar a una persona a entregar dinero, bienes, prestar servicios o tolerar situaciones mediante amenazas, coacciones o cualquier forma de intimidación.
El incremento al mínimo de la pena —originalmente previsto en 6 años— busca evitar que sentenciados por extorsión puedan beneficiarse con reducciones legislativas o ajustes retroactivos.
Carolina Viggiano, senadora del PRI, advirtió que este delito dejó de ser patrimonial para convertirse en “el cáncer que está ahogando a millones de mexicanos”, y señaló que su crecimiento ha desbordado la capacidad del Estado.
Recordó que la extorsión es principalmente un delito del fuero común, por lo que sin recursos adicionales para policías, fiscalías y tribunales locales, la nueva ley será inaplicable.
“Por eso necesitamos hacer una ley que sea viable, que sí funcione, porque al paso del tiempo la gente nos va a reclamar, nos va a decir tanto hacer una ley para que no sirva para nada, necesitamos una protección real a las víctimas, si el 97% no denuncia no es porque no sepan cómo, es porque tienen miedo, porque saben que dentro del gobierno están los que protegen a los extorsionadores, porque desde ahí, como lo vimos con ‘La Barredora’, están quienes protegen a los que delinquen fuera”, declaró.
La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, sostuvo que este ilícito “le apuesta al silencio” y se ha convertido en uno de los fenómenos delictivos más lacerantes y extendidos del país.
Murguía expresó una preocupación central en que la implementación de esta ley no contará con recursos adicionales ni ampliaciones presupuestales.
“Los mecanismos de atención y protección a las víctimas y a los testigos también requieren recursos adicionales para ser eficaces. Si no asignamos recursos suficientes para el cumplimiento de la ley, esto sólo va a ser un catálogo de buenas intenciones. Las leyes sólo son eficaces, sólo tienen un efecto disuasivo cuando se aplican. El gran reto de este delito es acabar con la impunidad”, afirmó.
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales, afirmó que la extorsión es uno de los delitos que “tiene de rodillas” a cada vez más mexicanas y mexicanos, al manifestar el respaldo de su bancada al dictamen.
Barrales señaló que la extorsión —incluido el cobro de piso, llamadas y mensajes intimidatorios— es un fenómeno que afecta cotidianamente a ciudadanos, empresarios y comunidades en todo el país, muchas veces con consecuencias lamentables que se han hecho públicas.
“Pese a la gravedad de esta situación, la reacción o el elemento que reina como respuesta es la impunidad. Y lo decimos porque también el Inegi nos informa que hay una cifra oculta en este delito del 97 por ciento, es decir, 9.7 de cada 10 delitos de extorsión no se denuncian”, aseguró.
La reforma incorpora 34 agravantes en tres niveles, que se sumarían a la pena base, permitiendo que una sentencia alcance hasta 42 años de cárcel.
Primer nivel: aumento de 4 a 8 años (Artículo 16)
Aplicará cuando:
• Se exijan cuotas adicionales.
• Se utilice información personal de la víctima.
• Se soliciten depósitos en cuentas financieras.
• El delito se cometa desde un centro penitenciario.
Segundo nivel: aumento de 5 a 12 años (Artículo 17)
Para supuestos como:
• Extorsiones que afecten la economía de comunidades enteras.
• Participación de varias personas.
• Involucramiento de servidores públicos.
Tercer nivel: aumento de 7 a 17 años (Artículo 18)
En casos donde:
• Se empleen armas o instrumentos peligrosos.
• Se utilice violencia física o moral.
Este último nivel es el que abre la puerta a una pena total que puede llegar a 42 años, especialmente en esquemas como los montachoques, donde la violencia moral o física acompaña un hecho de tránsito provocado intencionalmente.
El artículo 22 prevé una excepción: si el extorsionador se desiste voluntariamente dentro de los tres días siguientes a la exigencia y no existen agravantes, podrá aplicarse una reducción de hasta la mitad de la pena.
Conductas vinculadas también serán castigadas
La ley incluye sanciones para quienes faciliten, encubran o toleren la extorsión:
• Auxilio o cooperación al delito: 4 a 12 años (Art. 19).
• Servidores públicos que filtren información: 4 a 16 años (Art. 20).
• Funcionarios que omitan denunciar extorsión: 10 a 20 años (Art. 21).
Además, cuando un servidor público participe directamente en la extorsión, se impondrá destitución e inhabilitación por un periodo equivalente al de la pena de prisión.
Al tratarse de una Ley General, las disposiciones serán obligatorias en todas las entidades federativas, lo que—según legisladores de las comisiones—permitirá cerrar el paso a la operación de grupos que aprovechan las diferencias entre los códigos estatales para eludir responsabilidades.
Una vez aprobado en comisiones, el dictamen será discutido para su eventual aprobación este miércoles por el pleno del Senado.