México, 13 de enero de 2022.- La Comisión Especial del Senado para Veracruz denunció un caso más de abuso de autoridad y violación al Estado de derecho en agravio de Rogelio Franco Castán, diputado federal electo del PRD, en prisión desde hace 10 meses.
Luis Enrique González Lira, titular de la defensa de Franco Castán, afirmó que la detención y vinculación a proceso de su cliente es un acto arbitrario, injustificado y desapegado del Estado de derecho.
Reseñó que su cliente cuenta con tres procesos penales:
El primero por el delito de ultrajes a la autoridad contra las instituciones de Seguridad Pública, en el distrito judicial de Tuxpan, Veracruz. El segundo, por extorsión y abuso de autoridad contra la administración de justicia, en el distrito de Xalapa, Veracruz y el tercero, por peculado equiparado, en el distrito de Xalapa.
Además, de que está acusado del delito de violencia familiar.
Acusó que su defendido es un preso político, declaración que secundó Manuel Bernal, ex dirigente del PRD en Veracruz.
“De manera clara y contundente se puede afirmar y demostrar que Rogelio Franco Castán es un preso político del gobierno de Veracruz. En el mes de marzo del año anterior, el gobierno a través de sus diputados locales de Morena aprobó el tipo penal de ultrajes a la autoridad y dos días después fue aplicado y ejecutado en contra de Rogelio Franco Castán. Por cierto, esa ley en Veracruz es conocida como la Ley Franco. (…) La utilizaron como un montaje, porque ellos traían la bandera de que Rogelio Franco había cometido delito presuntamente contra la familia, lo cual hasta ahora es falso y no se ha justificado. Rogelio ha sido violentado de sus garantías, de sus derechos”.
Denunció que Cuitláhuac García, gobernador de la entidad, utilizando esta “vergonzosa” y “aberrante” figura de ultrajes a la autoridad, tiene a un sinnúmero de veracruzanos privados de su libertad.
Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, recordó que el Congreso local de Veracruz, aprobó el delito de ultrajes a la autoridad, aún conociendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional.
“A sabiendas de que había sido declarado inconstitucional en acciones previas, es que el Congreso con la mayoría del grupo ya referido lo aprobó, pero sabiendo que había sido declarado inconstitucional por los mismos elementos amplios que permiten hacer acusaciones a modo y que no tiene ningún viso de seguridad jurídica, por eso la Suprema Corte lo declaró inconstitucional, porque puede ser incluso un insulto. Hay referencias en los casos que nos han mencionado en donde el ultraje a la autoridad fue un jaloneo, porque le jaló la ropa, casos tan extremos que llevaron después a la prisión justificada”.
Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano y presidente de esta Comisión Especial, dio cuenta que hasta hoy se han recibido 50 casos de abuso de autoridad.