México, 14 de noviembre de 2020.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) consideró como una “falta no grave” el presunto desvío millonario de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que habría permitido el ex oficial mayor, Emilio Zebadúa, durante el sexenio pasado.
En el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa integrado el 1 de septiembre pasado, la SFP establece que el presunto desvío de 4 mil millones de pesos lo permitió el ex oficial mayor de la Sedatu, Emilio Zebadúa, de acuerdo con información de Animal Político.
Además enfrenta una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu, la cual está a cargo de la Función Pública, junto con otros 24 ex funcionarios implicados en el posible desvío de recursos.
Entre las “faltas no graves” que la OIC determinó que cometió Emilio Zebadúa está la omisión de no “supervisar” a sus subalternos, a pesar de que era el encargado de los recursos de la Sedatu, el apoderado legal de las cuentas bancarias y jefe directo del equipo que firmó la salida del dinero, de acuerdo con el expediente PA-13/2020 de la Función Pública obtenido por Animal Político.
Las sanciones por las “faltas no graves” consisten en una amonestación pública; suspensión del empleo o inhabilitación por un mínimo de tres meses, pero menos de un año, según el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa con fecha del 1 de septiembre de 2020, también menciona que Emilio Zebadúa pagó convenios con universidades públicas por servicios que no se cumplieron con el dinero de la institución, el cual debía ser utilizado en infraestructura e indemnizaciones por expropiación de predios, lo que implicó un “probable daño patrimonial” a las arcas públicas, entre otras presuntas irregularidades.
Animal Político informó que realizó una consulta a la Secretaría de la Función Pública sobre las razones para determinar que Zebadúa incurrió solo en faltas no graves, pero respondió que se trata de una investigación en curso, por lo que debe respetar el sigilo procesal. (Con información de Animal Político)